La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró un avance significativo las leyes secundarias del sector energético presentadas recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El organismo empresarial destacó que las objeciones que había planteado a la reforma constitucional en esta materia fueron atendidas en la propuesta de leyes secundarias, las cuales permitirán un mejor equilibrio entre la inversión pública y la privada.
Entre los aspectos más aplaudidos se encuentran el aumento de la capacidad de generación distribuida a 0.7 megavatios, lo que facilitará que más empresas inviertan en energías limpias y reduzcan costos energéticos; el nuevo esquema de autoconsumo con proyectos de hasta 20 megavatios, la posibilidad de colaborar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la creación de la Comisión Nacional de Energía, una medida calificada como una oportunidad para mejorar la regulación del sector.
El llamado de la Coparmex a que el nuevo marco regulatorio proporcione certeza jurídica, reglas claras y mecanismos para la participación del sector privado refleja más un formalismo que un reclamo, pues las cláusulas mencionadas responden a sus expectativas: claridad, mecanismos preestablecidos y certeza en su aplicación.
Con este posicionamiento, la Coparmex reafirma la disposición de los empresarios más relevantes del país para colaborar con la presidenta Sheinbaum y, más ampliamente, con la Cuarta Transformación. Esta actitud es encomiable, ya que, a pesar de las tensiones pasadas entre el gobierno y algunos sectores empresariales, el país parece avanzar hacia una unidad que será crucial para afrontar los desafíos internos y externos, como los embates de Donald Trump. La disposición de los empresarios a trabajar junto al gobierno nacional no es solo una señal de pragmatismo, sino también de un compromiso con el bienestar colectivo.
El respaldo de la Coparmex a las leyes secundarias de la reforma energética no solo responde a un acto político, sino que refleja un proyecto de nación que reconoce el papel esencial de la iniciativa privada en todos los sectores de la economía, incluyendo el energético, dentro de un marco que defiende la soberanía nacional y la rectoría del Estado sobre los recursos naturales. Esta apertura demuestra que, a pesar de las críticas ideológicas previas, tanto la mandataria como su antecesor siempre mantuvieron claro que este sería el rumbo a seguir.
