Pese al presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública del 2021 por más de 3 mil millones de pesos, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, confía en que el tema se pueda solventar en próximos meses.
En entrevista negó que exista preocupación respecto a este tema ya que en ejercicios anteriores han logrado aclarar el manejo de los recursos públicos que fueron considerados como presunto daño patrimonial.
“Estamos esperando que en las etapas de solventación esto sea resuelto, como se ha hecho desde 2018, 2019 y 2020. Este año no va a ser la excepción”, precisó Lima Franco.
El viernes pasado la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, confirmó un presunto daño patrimonial por 3 mil 299 millones 356 mil 229.83 pesos en la fiscalización a las cuentas públicas del año pasado, donde en 34 entes estatales se presume daño por 189 millones 899 mil 820.84 pesos.
Sin embargo, Lima Franco reiteró que no existe preocupación respecto a un posible desvío de recursos debido a que se trabaja con transparencia y de acuerdo con los ideales de la Cuarta Transformación.
“Se ha venido siguiendo la instrucción del gobernador Cuitláhuac García para seguir el tema de la transparencia, honestidad y eficiencia, hasta hoy no hemos tenido problemas en ese sentido”, declaró.
En Xalapa, el presunto daño patrimonial es de 42 millones 51 mil 183.01 pesos en el último año de gestión del morenista Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, quien fue duramente criticado por devolver recursos a la Federación que no usó para el municipio.
Veracruz Puerto es el segundo municipio de la entidad con mayor daño patrimonial con 117 millones 507 mil 43.04 pesos en el último año de la administración del panista Fernando Yunes Márquez, hijo del ex gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares.
Tantoyuca, municipio ubicado en la zona norte del estado, es la primera demarcación de la Cuenta Pública con el mayor quebranto financiero, por 252 millones 502 mil pesos en el último año de gobierno de Amado Guzmán Avilés, quien es hermano de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).
