Iván Evair Saldaña
Ciudad de México.- En el Senado avanzó la reforma al artículo 21 constitucional que da facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al ser aprobada en comisiones por unanimidad.
La oposición anunció su apoyo a la iniciativa del ejecutivo, si bien destacó que no se trata de “un cheque en blanco”. Aunado a ello, cuestionó las cifras gubernamentales de reducción de homicidios y reprochó la violencia que se padece en diversos estados. Morena y sus aliados defendieron la estrategia gubernamental seguida en esta materia durante el anterior sexenio y el actual.
En sesión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Seguridad, la morenista Beatriz Mojica explicó que la estrategia de seguridad tenía primero como finalidad el atender las causas, pues “recibimos un país en llamas, un país que le apostó todo a la violencia, que le apostó todo a hacer enfrentamientos directos sin atender las causas”.
El panista Ricardo Anaya explicó su voto a favor porque la iniciativa “pone el acento en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos; y, segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil”.
“Esos son dos grandísimos aciertos de esta reforma”, señaló al insistir en que la ruta para pacificar al país es la investigación para desmantelar a las organizaciones criminales y no solamente “descabezarlas”, porque eso en muchos de los casos agrava el problema.
Anaya Cortés sostuvo que es necesario dar más facultades de investigación a los mandos civiles, pero con salvaguardas democráticas, pues al rato se utilizan para estar espiando opositores y periodistas. “Esta mala práctica no distingue colores”, enfatizó.
La reforma establece que los fondos federales para la seguridad pública que se destina a las entidades, serán auditados y vigilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, externó su preocupación de que se condicionen los recursos de los estados a través de la facultad de fiscalización que establece la iniciativa. Estimó que debería ser la Auditoría Superior de la Federación la que tenga a cargo la fiscalización de estos dineros, con lo cual también se evitaría su uso político.
Impugna síndica de Tangancícuaro la reforma judicial ante la Corte
La síndica municipal de Tangancícuaro, Michoacán, Elsa Zamora Chávez, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional que busca la invalidez de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El recurso, con el número 310/2024, fue turnado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien decidirá si la admite a trámite o la desecha.
“Se solicita que se declare la invalidez del decreto por el que se aprueba el dictamen con punto de acuerdo relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024”, aprobado por el Poder Legislativo del estado de Michoacán en sesión del 15 de septiembre publicado en el periódico oficial del estado”, se publicó en estrados de la Corte.
Se agrega que en consecuencia de lo anterior, se solicita igualmente la declaración de invalidez de la declaratoria de mayoría (declaratoria de reforma constitucional) publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 13 de septiembre del 2024 emitida por el Congreso de la Unión.
La semana pasada, el pleno de la Corte desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que iba por invalidar artículos torales de la reforma judicial, al resolver cinco acciones de inconstitucionalidad. El mismo no pudo ser aprobado porque no reunió la mayoría calificada de ocho votos, ya que el ministro Alberto Pérez Dayán se dijo en contra igual que las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.
Sin embargo, con la controversia presentada por la síndica suman tres recursos de este tipo contra la reforma judicial que la Corte tiene pendientes por resolver, ya que las otras dos fueron interpuestas una por el Poder Judicial de Guanajuato y la otra por el ex gobernador del mismo estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Estos recursos están en manos del ministro González Alcántara.
También, hay otros recursos de impugnación a trámite contra la misma enmienda constitucional que fueron promovidos por jueces y magistrados. Al momento, la Corte no se ha pronunciado qué cauce llevarán dichos recursos.
