Las sobrevivientes de tentativa de feminicidio en Veracruz y el resto del país deben lidiar con el trauma de la violencia que sufrieron, pero también con un sistema de justicia que las revictimiza y obstaculiza su acceso a la protección, señalaron Karen Mansur y Sandra Hernández, integrantes del colectivo Multidisciplinar Insumisas. Las activistas relataron que cuando una mujer acude al Ministerio Público tras un intento de feminicidio, en muchas ocasiones es recibida con indiferencia o incluso con comentarios insensibles por parte de las autoridades.
Uno de los principales problemas es la tipificación incorrecta. En lugar de investigar las agresiones como tentativa de feminicidio, muchas veces se tipifican como violencia familiar, lesiones o tentativa de homicidio, lo que permite que los agresores evadan sanciones más severas. “Hace mucha falta que se juzgue con perspectiva de género”, advierte Sandra Hernández. “Hay muchos huecos en la ley y, cuando hemos acompañado, vemos que las autoridades suelen minimizar la gravedad de los hechos, lo que da oportunidad a los agresores de eludir una sentencia más fuerte”.
Burocracia y trabas para acceder a la justicia
Otro grave obstáculo es la burocracia. En muchas ocasiones, las víctimas deben denunciar en el estado donde ocurrió la agresión, lo que representa un problema cuando han tenido que huir para salvar su vida. A pesar de que las autoridades pueden coordinarse entre entidades, muchas veces ponen trabas y se niegan a procesar las denuncias.
A esto se suma la demora en los procesos legales, lo que deja a las víctimas expuestas a nuevos ataques. “Mientras se cumplen todos los requisitos que piden, el agresor sigue libre y con la posibilidad de volver a atacar”. Las órdenes de restricción y dispositivos de emergencia, como los botones de pánico, muchas veces resultan ineficaces. “La protección es mínima y, muchas veces, la familia del agresor sigue hostigando a la víctima”.
En ocasiones, las autoridades incluso sugieren a las mujeres mudarse de domicilio como única alternativa para su seguridad, trasladando la responsabilidad de protección a las víctimas, en lugar de a los agresores. Más allá del sistema judicial, las activistas denuncian la indiferencia social ante la violencia que enfrentan las mujeres. “En una protesta en el Senado, varias mujeres compartieron sus testimonios. Mientras hablaban, algunas personas ni siquiera volteaban a verlas y otras hasta les gritaban: ‘Ya cállense, locas’”.
La impunidad
Casos como los de Nancy y Carmen Paola, en Veracruz, y Yakiri Rubio, en la Ciudad de México, evidencian las deficiencias estructurales que perpetúan la impunidad.
Nancy, originaria de Córdoba, Veracruz, fue golpeada y casi estrangulada por su agresor. A pesar de haber sido detenido en flagrancia, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo procesa únicamente por violencia familiar, otorgándole arraigo domiciliario en lugar de prisión preventiva. “Temo que salga y me vuelva a atacar”, denuncia la víctima, quien exige que el delito sea reclasificado como feminicidio en grado de tentativa.
En Orizaba, Carmen Paola sufrió una agresión brutal que le dejó lesiones permanentes, como pérdida auditiva y de visión, tras haber sido secuestrada y golpeada. Sin embargo, la jueza de control determinó que las pruebas eran “insuficientes” para tipificar el delito como tentativa de feminicidio y lo reclasificó como violencia intrafamiliar.
Feminicidio en Veracruz: vacíos legales y una crisis en aumento
El feminicidio en Veracruz sigue en aumento, pero la falta de una tipificación clara sobre su tentativa deja a muchas víctimas en un limbo legal que favorece la impunidad. Mientras que el Código Penal del estado reconoce el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género desde 2011, no contempla con precisión la tentativa de feminicidio, lo que dificulta su judicialización y permite que muchos sean reclasificados como delitos menores.
Explica que, aunque el Código Penal de Veracruz sí contempla la tentativa en otros delitos, su aplicación en feminicidios sigue siendo ambigua, lo que permite que los agresores reciban penas menores.
Veracruz se mantiene entre los estados con mayor incidencia de feminicidios. En 2024, ocupó el cuarto lugar nacional, con 53. Seis municipios del estado se encuentran entre los 100 con más feminicidios en el país, entre ellos el Puerto, Xalapa, Coatzacoalcos y Orizaba.
Ley Oropéndola
La Colectiva Insumisas explica que la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio ha tomado la acción de impulsar la aprobación de la Ley Oropéndola, que consiste en una serie de reformas al Código Penal Federal que reconocen la gravedad del delito de tentativa de feminicidio y que busca garantizar los derechos de las víctimas. Dicha ley fue aprobada en la Cámara de Diputados en 2022, pero hasta la fecha se encuentra congelada en el Senado. Contempla:
1.- Prisión preventiva oficiosa, pues hoy en día existe una jurisprudencia que indica que únicamente la tentativa de violación amerita prisión preventiva oficiosa.
2.- Que el dicho de la víctima cuente, ya que, si bien es cierto que las pruebas, peritajes y dictámenes son fundamentales para acreditar el delito, uno de los principales testimonios debe ser el de la víctima, pues al haber sobrevivido, víctima y agresor son los únicos que conocen los detalles del ataque.
3.- Reparación integral del daño. De manera equivocada, el sistema y la sociedad creen que el haber sobrevivido es “ganar”. No existen cifras de cuántas sobrevivientes de feminicidio existen en México, y en consecuencia no hay un proceso homologado para acceder a una reparación del daño.
4.- La punibilidad aplicada. Actualmente, las sentencias por tentativa de feminicidio se derivan de los feminicidios consumados, la mitad de la mínima y las dos terceras partes de la máxima, omitiendo y no considerando las atenuantes bajo las cuales se sobrevive.
