Por Rodrigo Efraín Hernández Hebrard (Director Binacional de Comunicación y Relaciones Públicas en AMEXCAN) y Emilio Antonio Vázquez Morales (Coordinador Binacional de Comunicaciones en AMEXCAN)
La llegada masiva de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Chicago no es un episodio aislado, es el síntoma de una política migratoria que antepone el uso de fuerza sobre el respeto a comunidades enteras. En las últimas semanas, entre 200 y 300 agentes adicionales de ICE han sido desplegados en las calles de Chicago, incluso vestidos de civil, en lo que activistas y líderes comunitarios describen como una estrategia de intimidación y miedo.
Chicago, lejos de ser una ciudad indiferente frente a la inmigración, ha sido desde hace años un bastión de políticas conocidas como “ciudad santuario”, lo que se entiende como espacios urbanos que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración para proteger a residentes indocumentados de detenciones arbitrarias y separaciones familiares.
Esta tensión no es nueva, pero sí escaló dramáticamente con lo que algunas organizaciones han llamado Operation Midway Blitz, una serie de redadas que comenzaron en 2025 y que han profundizado el miedo en barrios latinos y suburbios del área metropolitana.
No se trata de números abstractos, en Chicago casi 3 de cada 10 residentes se identifican como hispanos o latinos, lo que representa cerca de 800 mil personas en una ciudad de más de 2.7 millones de habitantes.
Las familias latinas no solo son parte de la vida urbana tradicional de Chicago, sino que configuran barrios, escuelas, negocios y tradiciones que expresan el carácter multicultural de una gran urbanización que ha sido puerta de entrada a generaciones de migrantes.
Pero ahora observamos calles desiertas, escuelas afectadas por miedo y ausencia de estudiantes, y comunidades que se retraen ante la posibilidad de una detención por parte de ICE; maestros y activistas reportan que operativos cerca de escuelas han generado trauma entre niños y han perturbado rutinas familiares básicas.
Organizaciones de derechos civiles han documentado casos en los que familias enteras han cambiado sus horarios, algunos padres han dejado de llevar a sus hijos al doctor o a la escuela por temor a encontrarse con federales; una comunidad entera se ha visto forzada a vivir en alerta constante, estos efectos son reales y palpables, no cifras frías de estadística.
Además, hay denuncias de irregularidades en arrestos, incluyendo detenciones de personas que compartían nombres con objetivos reales o detenciones sin que medie la debida notificación a abogados.
Mucho más allá de Chicago, estas acciones señalan una tendencia peligrosa, hablo de la criminalización de comunidades que han contribuido al desarrollo de este país; las deportaciones y redadas masivas no solo fragmentan familias, también provocan daños en la confianza entre comunidades locales y las autoridades.
Decir que estas medidas “no traerán nada bueno” no es una exageración, es reconocer que el costo social de estas políticas supera con creces cualquier narrativa de seguridad o control fronterizo pues las comunidades latinas no son grupos peligrosos; son padres, trabajadores, estudiantes, emprendedores. La idea de que una ciudad entera es un problema a “arreglar” con uniformes y patrullas solo profundiza fracturas sociales y alimenta miedo entre ciudadanos y no ciudadanos por igual.
El camino hacia una reforma migratoria digna y justa no se construye con más redadas, sino con diálogo, respeto y políticas que reconozcan la realidad demográfica y humana de ciudades como Chicago.
