La escena se repite con una puntualidad casi obscena: justo en el corazón de la cosecha, cuando el cafetalero tiene el producto en la mano y la urgencia en el pecho, aparece “el castigo”. Los comercializadores aprietan, el precio cae, los intermediarios “se ponen de acuerdo” con la lógica de bolsa y el productor queda otra vez en indefensión. Cirilo Elotlán lo describió con claridad: una cosecha retrasada por un invierno atípico, con pérdidas por roya, y encima la rapiña comercial que aprovecha la ausencia de mecanismos públicos de defensa del precio.
Lo irracional –y a la vez perfectamente funcional para ciertos intereses– es que, en ese contexto, persistan las importaciones de café que desplazan al nacional y hunden el precio interno. No se trata de “libre mercado”. Se trata de una política que en la práctica subsidia el margen de las grandes empresas a costa del productor mexicano. El Consejo Regional del Café advierte que el aumento de importaciones de robusta –principalmente de Vietnam y Brasil– está distorsionando el mercado y presionando a la baja lo que se paga en campo.
Los números exhiben la injusticia. Al cierre de la bolsa del 16 de enero, el precio internacional se ubicó en 355.30 dólares por cada 100 libras. Tras ajustes y costos de comercialización, el cálculo del propio sector coloca el ingreso real en 303.80 dólares, equivalente a unos 5 mil 500 pesos por quintal de pergamino. Con esos datos, el kilo de café cereza debería pagarse entre 20.50 y 21 pesos. Pero en comunidades productoras –según reportes al 17 de enero– el “mejor” precio apenas llega a 17.50, y en la mayoría se paga entre 16 y 17. Es decir: un castigo de 3 a 3.50 pesos por kilo.
¿Dónde se queda ese dinero? En la cadena que siempre gana: quienes compran barato cuando el productor está obligado a vender, quienes almacenan, mezclan, reetiquetan, exportan o industrializan. Y aquí entra la parte más grave: la importación no sólo baja el precio, crea un mercado adulterado. Las organizaciones cafetaleras señalan inconsistencias entre producción y exportación: se reportan exportaciones por 3.6 millones de sacos, mientras la cosecha se estima en 3.9 millones y aun así el consumo interno existe. La diferencia –afirman– se explica por la entrada de café importado que termina colocándose como si fuera parte del circuito nacional.
En Veracruz esta política no es un asunto técnico: es un golpe civilizatorio contra el territorio. El café no es sólo mercancía; es economía local, paisaje, tejido comunitario, cuidado del suelo, empleo indirecto, identidad agrícola. Cuando el precio se “castiga” deliberadamente se empuja al abandono de parcelas, a la migración, a la reconversión forzada o al endeudamiento. Y cuando además se inunda el mercado con robusta importado para abaratar mezclas industriales, se manda un mensaje brutal: el trabajo del productor nacional vale menos que el margen de una empresa que puede guardar café en bodegas ampliadas y esperar el mejor momento para vender.
La pregunta es simple: si el Estado puede regular importaciones en sectores estratégicos, ¿por qué se permite una práctica que derrumba al productor en plena cosecha? No se trata de cerrar fronteras por capricho; se trata de impedir una competencia desleal que opera como pinza: la bolsa internacional por un lado y el oligopolio comercial por el otro. En un mercado así, el productor no “negocia”: se somete. Y un país que somete a su productor de alimentos y bienes agrícolas somete su propia soberanía.
La salida no es retórica. Requiere decisiones: transparencia total de importaciones, trazabilidad estricta para evitar reexportación disfrazada, vigilancia antimonopólica de comercializadores, mecanismos públicos de defensa del precio en temporada de cosecha y, sobre todo, una política que entienda que el café mexicano no puede ser tratado como variable sacrificable. Si el Estado deja solo al cafetalero, no “ahorra”: destruye territorio.
El colmo es que esto ocurra mientras el precio internacional se mantiene elevado. El mensaje final, entonces, es de una crudeza intolerable: en México el café puede valer en la bolsa, pero no vale en el campo. Y cuando un país decide que su productor vale menos que el intermediario, no está haciendo economía: está administrando ruina.
