Ciudad de México.- La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) propuso una iniciativa para incrementar sanciones a quien, de forma ilícita, descargue aguas residuales o desechos provenientes de granjas y rastros animales en zonas naturales protegidas, aumentando tres años más a la pena de cárcel y la sanción económica con mil días de multa.
En un comunicado, expuso que son las personas morales, es decir, las empresas, las que incurren en mayores daños ecológicos con efectos irreversibles, como en el caso de Yucatán, pese a que Mérida encabeza el índice de ciudades con mejor calidad de vida, según el Índice de Ciudades Prósperas de la Organización de las Naciones Unidas.
“Resulta imperante la necesidad de fortalecer la legislación nacional, de brindarles a los estados y municipios las herramientas necesarias para una eficaz aplicación del marco normativo que permita la protección del medio ambiente.
“Es decir, fortalecer el andamiaje legal e institucional para proteger este elemento vital para todos los mexicanos, que es nuestro medio ambiente, de lo contrario, los daños ocasionados son irreversibles”, subrayó.
Quijano Tapia añadió que, si bien cualquier lesión o alteración al entorno resulta incalculable –porque se puede hablar de pérdida de especies, recursos naturales, flora, e incluso afectación a la salud de las personas– es necesario establecer sanciones económicas y medidas de reparación o compensación por el daño ocasionado para mitigar la afectación y/o evitar que se siga propagando.
“Los daños ambientales son autónomos y diferentes de los daños personales, por lo que en ocasiones es posible que una conducta produzca, además de daños al ambiente, lesiones a particulares.
“En estos casos es necesario hacer una distinción, ya que la reparación de los elementos ambientales beneficia a toda la sociedad, mientras que la reparación de las lesiones a particulares podrá darse a través de indemnización, tomando en cuenta el daño ocasionado”, dijo.
La iniciativa que reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, comentó, busca también incluir a los cenotes en las zonas naturales a proteger ya que también se han visto afectados, siendo parte crucial del sureste mexicano y, dada la fragilidad de sus suelos, los desechos de las granjas van a parar ahí, lo que se traduce en un desastre de grandes dimensiones.
Finalmente, la diputada del PVEM sostuvo que el desarrollo económico que no tiene que contraponerse con el cuidado del entorno, todos los actores, ya sean personas físicas o morales, deben asumir el compromiso y la responsabilidad de cuidar el entorno en el que se establecen para producir porque la afectación a los ecosistemas y a la biodiversidad tiene efectos irreparables.
