La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, dijo que el organismo trabaja con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para ejecutar el cobro de 22 mil millones de pesos correspondientes a créditos fiscales derivados de resoluciones judiciales firmes.
Explicó que el Orfis no tiene facultades legales para hacer embargos o ejecuciones, por lo que la aplicación de los mecanismos de recuperación recae en la Sefiplan.
“No tenemos la atribución en ley para iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Es un trabajo que corresponde a la Secretaría de Finanzas”, puntualizó.
La funcionaria detalló que la mayoría de las resoluciones provienen de procesos iniciados durante administraciones pasadas, especialmente de las cuentas públicas 2015 y 2016, revisadas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“Desde la administración anterior estuvimos recibiendo sentencias firmes donde los tribunales determinan créditos ya establecidos, y por esa razón los remitimos a Finanzas”, explicó.
Del total, 19 mil millones de pesos corresponden a sentencias firmes emitidas durante su gestión. Por ello, se establecieron mesas de trabajo con el titular de Sefiplan, Miguel Reyes Hernández, para dar seguimiento a los procedimientos de recuperación.
La auditora reconoció que, hasta ahora, no se ha logrado recuperar dinero en efectivo, aunque las sentencias permiten iniciar los procesos administrativos de cobro.
“Hemos tenido sentencias firmes, pero no quiere decir que estén cobradas. Por eso acordamos con Finanzas revisar los casos y ver los avances en la recuperación”, dijo.
Agregó que los exservidores públicos involucrados aparecen en las resoluciones judiciales —de acceso público— y que algunos han intentado prolongar los juicios, aunque las sentencias ya son definitivas.
“Han sido años en los que han estado defendiéndose, pero las sentencias están firmes y los condenan a pagar”, precisó.
González Cobos señaló que los créditos vinculados con municipios deberán reintegrarse a las tesorerías locales, según el origen del daño patrimonial.
“Dependiendo de dónde haya salido el recurso, ahí se reintegra”, explicó.
Finalmente, enfatizó que el avance en la recuperación dependerá de la capacidad operativa de Sefiplan, que debe actuar con reserva por el carácter legal de los procedimientos.
“Cuando se lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, no puede ponerse sobre aviso. Ellos tienen su programa de trabajo y nosotros estamos coordinados”, concluyó.
Congreso exhorta a alcaldes a no heredar deudas laborales
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, exhortó a los ayuntamientos de Veracruz a cumplir con sus compromisos financieros antes de concluir su gestión y evitar heredar deudas a las nuevas administraciones municipales.
El legislador emitió este llamado tras la protesta de agentes municipales de Chalma, quienes se manifestaron este lunes frente a Palacio de Gobierno para exigir el pago de sueldos y prestaciones pendientes desde 2022.
Bautista Hernández indicó que, si los trabajadores se acercan al Congreso, se podría convocar a los alcaldes para revisar la situación presupuestaria y determinar si existen recursos disponibles para cubrir los pagos atrasados.
Recordó que el Poder Legislativo ya intervino en un caso similar en Jesús Carranza, donde se gestionó una solución entre las autoridades municipales y los trabajadores afectados. “Si los compañeros de Chalma nos buscan, citaremos a los ediles para revisar si hay previsión presupuestaria o recursos para pagar”, señaló.
El diputado insistió en que los alcaldes deben planificar con responsabilidad el cierre de su administración, garantizando el pago de todas las obligaciones laborales. Advirtió que la falta de previsión genera inconformidad entre empleados municipales.
“Si un alcalde no prevé bien cómo va a cerrar el año, a veces no le alcanza el dinero. Hemos visto casos donde los trabajadores no reciben su aguinaldo”, explicó.
Bautista Hernández reiteró que los 212 municipios deben mantener una planeación financiera ordenada para evitar conflictos laborales y proteger los derechos de sus empleados.
