Detrás de la no aprobación de la ley para el desarrollo sustentable y fomento a la cafeticultura están las empresas trasnacionales en complicidad con la Secretaría de Economía (SE), denunciaron productores de Veracruz.
Al participar en el “Foro regional del sector cafetalero en México, diagnóstico, pronóstico y posibilidades de participación en el mercado nacional e internacional”, organizado por la Cámara de Diputados, Fernando Celis Callejas, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), cuestionó por qué los funcionarios de la Secretaría de Economía se someten a los intereses de las empresas trasnacionales para poner trabas a la aprobación de dicha norma.
Refirió que a nivel nacional hay casi 550 mil productores, 85 por ciento indígenas de 25 pueblos originarios, que demandan al gobierno federal la aprobación de dicho ordenamiento porque el 4 de noviembre las empresas abren las compras del grano y dicha ley marca muy claramente un precio de referencia.
El productor lamentó que dicha iniciativa haya sido presentada en dos ocasiones a las cámaras de senadores y diputados, se haya probado por ambas cámaras esas dos ocasiones y que la Secretaría de Economía responda fuera de tiempo con pretextos irrelevantes y absurdos para frenar su aprobación como el que era inconstitucional y atentaba contra el libre mercado.
“¿Qué está detrás de esta situación? Queremos ser muy claros, muy directos: están las trasnacionales que controlan 75 por ciento de la comercialización y consumo de café a nivel nacional”.
Puso como ejemplo que dichas empresas trasnacionales, entre ellas Nestlé, forman parte del Consejo Nacional Agropecuario, que agrupa a todas los consorcios agroalimentarios del país y su presidente, Jorge Estévez, es presidente de ECOM Agroindustrial, una de las mayores compradoras de café en México: “Esas empresas son las que no quieren que se apruebe la ley”.
Celis Callejas recalcó que esta propuesta marca, entre otros puntos importantes, el que se debe nombrar una nueva comisión, con dependencias del gobierno federal, para establecer mecanismos propuestos por los productores y establecer un precio de referencia del café “porque estas compañías se exceden en los castigos a los productores y ponen precios de comercialización muy altos”.
