La Contraloría General del Estado (CGE) practica auditorías a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, tras denuncias por presuntos malos manejos, informó el contralor Ramón Santos Navarro.
El contralor general del estado, Ramón Santos Navarro, informó que la UPAV está sujeta a una revisión de sus cuentas públicas de 2024 y del primer semestre de 2025. Las auditorías se iniciaron luego de diversas denuncias sobre irregularidades financieras dentro de la institución.
Santos Navarro explicó que los señalamientos surgieron en un periodo en el que la universidad no contaba con rector en funciones, lo que impidió contar con firmas autorizadas para cubrir compromisos laborales y otros pasivos.
Tras el reciente nombramiento del nuevo rector, indicó, ya se regularizaron los procesos administrativos para el manejo de recursos. El funcionario señaló que la Contraloría no participó en la entrega-recepción interna debido a la ausencia de titulares, pero el Órgano Interno de Control verificó la existencia de saldos en tesorería.
Aclaró que, contrario a versiones difundidas en algunos medios, sí había recursos disponibles y no se encontró vacío total de fondos.
Las auditorías sobre el ejercicio 2024 y el primer semestre de 2025 siguen en proceso. Santos Navarro indicó que la investigación del ciclo de tesorería está en curso y los resultados se darán a conocer una vez que concluyan los análisis contables y documentales.
La Contraloría recalcó que los hallazgos preliminares descartan el presunto desfalco total señalado públicamente, pero las revisiones continuarán para determinar responsabilidades y la situación financiera real de la UPAV.
Hay que recordar que durante su comparecencia, la secretaria de Educación en Veracruz, Claudia Tello Espinosa, reconoció que la UPAV arrastra “mucha corrupción” desde hace muchos años.
“El tema de UPAV no es de ahorita, tiene 20 años de que se fundó en un esquema muy extraño. Ni es privada ni es pública, es una escuela que cuando quiere aparece la parte institución y cuando quiere la asociación civil. Llegamos a cortar de tajo todo lo anterior para resolver (…) Se dice que es de no sé quién, pero eso lo tendrán que demostrar”.
Tello Espinosa también reconoció que dentro de la institución persisten prácticas que calificó como irregulares y que involucran directamente a directivos en el manejo del dinero que aportan los estudiantes.
“Hay mucha corrupción en esa universidad y empieza desde que los alumnos deben pagar a los directores que recogen el dinero y lo depositan al banco, muchos no lo depositan a la asociación; en el documento de creación dice que los alumnos dan una aportación si pueden y si no la organización paga. Dice que tendrán asesores y se paga por hora”.
Aseguró que el objetivo de su administración es desmontar este modelo para convertir a la UPAV en una universidad verdaderamente pública.
Estudiantes de UBBJG, víctimas de violencia sexual: CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que dos estudiantes de la sede Papantla de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) fueron víctimas de hostigamiento y violencia sexual por personal escolar. La institución determinó fallas en la aplicación del protocolo interno y emitió recomendaciones para reparar el daño y garantizar un entorno educativo seguro.
En la Recomendación 130/2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que personal adscrito a la UBBJG en Papantla cometió actos de violencia y hostigamiento sexual contra dos alumnas.
Las estudiantes denunciaron los hechos en septiembre de 2024 y señalaron agresiones en el entorno escolar atribuibles a dos trabajadores de la sede. La investigación confirmó que ambas fueron acosadas, hostigadas y violentadas sexualmente, además de identificar un contexto previo de impunidad y conductas reiteradas.
El organismo determinó que la universidad no aplicó de forma adecuada el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. La CNDH señaló omisiones en el acompañamiento a las víctimas y en las medidas para proteger su integridad física, emocional y académica. “Se omitió realizar un adecuado acompañamiento en favor de las víctimas”, concluyó la Comisión.
La CNDH instruyó a la Coordinación de las UBBJG garantizar la reparación integral del daño, que deberá incluir compensación, atención psicológica, médica y psiquiátrica. Asimismo, pidió asegurar que las estudiantes puedan retomar su formación y concluir sus estudios en un ambiente libre de violencia. También recomendó implementar cursos de sensibilización para el personal docente y administrativo.
El organismo ordenó emitir una circular que limite la comunicación entre personal y alumnado a canales institucionales, difundir el Protocolo actualizado y desarrollar una campaña de prevención del hostigamiento y acoso sexual en todas las sedes.
Además, la UBBJG deberá emitir un pronunciamiento de cero tolerancia e impartir capacitación sobre obligaciones de prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres.
La CNDH subrayó que la actualización del Protocolo y el cumplimiento de las medidas recomendadas serán esenciales para garantizar entornos educativos seguros en las sedes de la UBBJG, particularmente en Papantla, donde los hechos revelaron fallas institucionales y ausencia de control preventivo.
