Orizaba, Ver.- La reciente reforma ferroviaria aprobada en México marcará un cambio en la administración y operación de las vías férreas del país, el Estado mexicano asumirá un papel central en la gestión de este sector estratégico y la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Atrapi), marca los primeros pasos para una probable nacionalización de la industria ferroviaria. Al respecto, Hermilo Merino Bello, secretario general de la sección 20 del sindicato ferrocarrilero, reconoce que, aunque hasta el momento no hay información oficial, la posibilidad, no se descarta.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Atrapi, “tendrá a su cargo la planificación, regulación, supervisión, construcción, modernización, operación y mantenimiento de la red ferroviaria nacional, incluyendo tanto transporte de carga como de pasajeros, así como modalidades multimodales. Con esta nueva estructura, el gobierno busca concentrar la toma de decisiones y garantizar que la infraestructura permanezca bajo control público”.
Uno de los cambios más relevantes es el reemplazo del esquema de concesiones –que permitía a empresas privadas operar y explotar las vías durante largos periodos, a menudo superiores a 30 años– por el modelo de “asignaciones”. Bajo esta nueva figura, el Estado conserva siempre la propiedad de la infraestructura y sólo contrata a entidades públicas o privadas para tareas específicas como construcción, mantenimiento o servicios operativos. Estas asignaciones no generan derechos de explotación prolongada ni ingresos directos para las empresas, lo que reduce su papel a contratistas temporales.
La reforma deja claro que las concesiones actuales seguirán vigentes en sus términos originales. Actualmente, estas cubren aproximadamente el 70 por ciento de la red ferroviaria nacional y están en manos de operadores como Ferromex, Canadian Pacific Railway (antes Kansas City Southern) y Ferrosur. No obstante, cualquier nuevo proyecto ferroviario se desarrollará bajo el modelo de asignaciones, lo que en la práctica limita la entrada de nuevos concesionarios.
Asimismo, y desde el punto de vista técnico, la Atrapi enfrentará retos considerables. Compatibilizar el uso de vías entre trenes de carga –que circulan a velocidades de 60 a 80 km/h y tienen gran peso– y trenes de pasajeros –que requieren velocidades de entre 120 y 200 km/h– implica resolver diferencias de desgaste en rieles, durmientes y otros componentes. Este escenario obligará a implementar soluciones de ingeniería más costosas y a planificar mantenimientos más frecuentes.
El cambio también tendrá un impacto financiero significativo: el Estado asumirá los costos de construcción, modernización, operación y mantenimiento de toda la red, dejando al sector privado únicamente ingresos por contratos de servicios. Si bien esto refuerza el control estatal, también supone una carga presupuestal permanente.
En tanto, Hermilo Merino Bello, secretario general de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), advirtió que esta medida podría interpretarse como un primer paso hacia una probable nacionalización de la industria ferroviaria.
El dirigente sindical, admitió que el fortalecimiento del papel del Estado y la desaparición de nuevas concesiones para el sector privado “serían los primeros pasos” en esa dirección, aunque aclaró que ello no implicaría afectar los derechos laborales de los trabajadores ni sus conquistas sindicales.
Para el líder sindical, la reforma actual marcaría, una señal de que el gobierno federal busca una mayor centralización de decisiones, lo que puede ser positivo para la planeación nacional, pero también conlleva riesgos si se reduce la participación privada en inversión y tecnología. “El control de las vías es estratégico –plantea–, pero debemos cuidar que no se convierta en un paso previo para desplazar por completo al sector privado, lo cual impactaría en empleos y en la competitividad del servicio”, plantea.
Tendría Veracruz Ley Citrícola
La Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal la Iniciativa de Ley Citrícola para el estado de Veracruz, la cual incluye, entre otras propuestas, la creación de un Padrón de Productores y del Instituto Veracruzano de la Citricultura.
El proyecto, autoría de la Comisión Especial para la Atención a la Citricultura, fue presentado por su presidenta, la diputada Imelda Garrido Alvarado, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Receso de este año.
En uso de la palabra, la legisladora destacó la producción de naranja, toronja y mandarina en el municipio de Álamo-Temapache, y de limón en Martínez de la Torre que, dijo, dan relevancia nacional a Veracruz. “En el mundo, nuestra producción citrícola está dentro de los primeros 10 lugares: segundo en limón, cuarto en toronja y quinto en naranjas y mandarinas, y la exportación llega a Estados Unidos, Países Bajos y Japón”, agregó.
Imelda Garrido citó datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, según los cuales, al primer semestre del año agrícola 2024, la superficie sembrada de naranja fue de 353 mil 327 hectáreas, de los cuales, Veracruz concentra 48 por ciento de la superficie nacional sembrada; Puebla, 10 por ciento; Tamaulipas, casi 10 por ciento y San Luis Potosí, 9 por ciento, lo que hace un total superior a 77 por ciento de la superficie destinada a los cítricos en el país.
Además, refirió el impacto económico de la citricultura en la entidad que se refleja en la derrama económica de 10 mil 324 millones de pesos al año, un total de 38 por ciento en el nivel nacional. La citricultura es el motor principal para el sector primario, donde se necesitan dos millones 500 mil jornales, lo que equivale a ocho mil 600 empleos directos; mientras que en la agroindustria citrícola se generan 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos, enfatizó la legisladora.
Sin embargo, también reconoció los retos que enfrenta la citricultura en Veracruz, ante lo que consideró urgente la creación de “una ley que centralice la toma de decisiones y organice de manera efectiva a productores primarios y terciarios”.
La propuesta de ley, conformada por cuatro títulos, 19 capítulos y 52 artículos más cinco transitorios, prevé la creación de un Instituto que sume los conocimientos y esfuerzos de expertos y productores primarios, además de todos los agentes que participan en la cadena productiva.
Impulsa también modelos organizativos más sociales y cooperativistas, así como la creación de un Padrón de Productores que los ubique en sus parcelas georreferenciadas, informe sobre la cantidad y variedad del producto, garantice la calidad, la prevención y erradicación de las epidemias y cree formas más directas de comerciar entre productor y consumidor.
En la misma Iniciativa, la comisión propone también la creación de una Dirección de Citricultura dentro del organigrama de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), que asuma con responsabilidad los retos de la producción tal y como se hace con otros productos agropecuarios.
