Córdoba, Ver.- A 35 años del desastre químico de Anaversa que contaminó Córdoba con sustancias altamente tóxicas y dejó una crisis de salud que sigue cobrando vidas, la Asociación de Víctimas por Anaversa lanzó un urgente llamado a la opinión pública y acusó que la construcción del Hospital General Regional con Especialidad Oncológica no puede seguir siendo frenada por intereses políticos, económicos o electorales. La construcción ya fue aprobada por el gobierno federal.
La agrupación exigió al ayuntamiento de Córdoba aprobar de inmediato la donación del terreno requerido para el proyecto hospitalario, al asegurar que “hay terrenos, hay recursos y no existe ningún pretexto para impedirlo”.
La representante de la asociación, Rosalinda Huerta Rivadeneira, advirtió que el hospital “no debe ser rebatinga económica ni electoral de nadie”, luego de señalar que desde 2023 existen intentos por bloquear el proyecto impulsado desde el Gobierno Federal.
Recordó que el 3 de mayo de 1991 ocurrió la explosión e incendio de la empresa Agroquímicos y Fertilizantes Mexicanos (Anaversa), ubicada en plena zona urbana de Córdoba, provocando la liberación de toneladas de pesticidas, organoclorados y dioxinas, compuestos relacionados científicamente con cáncer, enfermedades crónicas y malformaciones.
El siniestro es considerado uno de los desastres ambientales químicos más graves de América Latina y, de acuerdo con la activista, sus consecuencias sanitarias siguen vigentes en la región centro del estado.
“Desde entonces se sabía que Córdoba enfrentaría una crisis de cáncer”, sostuvo Huerta Rivadeneira, quien recordó que durante más de tres décadas las víctimas han exigido justicia ambiental, atención médica especializada y reconocimiento oficial del daño ocasionado por la explosión.
La activista afirmó que desde octubre de 2025 la asociación anunció públicamente que la presidenta de la República instruyó impulsar la construcción de un hospital oncológico en Córdoba como respuesta al impacto sanitario derivado del caso Anaversa.
Asimismo, sostuvo que la Asociación de Víctimas por Anaversa está reconocida oficialmente como gestora del proyecto y aseguró que la visión desde Presidencia es atender un problema histórico de salud pública y justicia social. Huerta Rivadeneira explicó que mediante el oficio SG/RV/0894, firmado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Gobernación ordenó incluir formalmente el Hospital General Regional con Unidad Oncológica dentro del presupuesto federal de salud.
Además, el documento instruye instalar una mesa de trabajo con el IMSS para dar seguimiento a las acciones relacionadas con atención médica y justicia ambiental. La representante de la agrupación calificó el oficio como un documento histórico, al considerar que reconoce oficialmente tanto la gravedad del desastre químico ocurrido en Córdoba como la lucha emprendida durante 35 años por las víctimas.
La asociación exigió a las autoridades municipales y estatales respetar la instrucción presidencial y evitar que el proyecto sea utilizado con fines partidistas o intereses particulares. También demandaron la realización urgente de una sesión de Cabildo para autorizar la donación del terreno y terminar con la incertidumbre y especulación alrededor del hospital.
Finalmente, Rosalinda Huerta Rivadeneira advirtió que Córdoba concentra un elevado número de pacientes oncológicos derivados de las consecuencias ambientales del desastre de 1991, por lo que retrasar el proyecto significa seguir negando atención médica especializada a miles de familias de la región centro de Veracruz.
