Orizaba, Ver.- La prórroga concedida por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana a Martín Gerardo Aguilar Sánchez para otro periodo de cuatro años al frente detonó una fuerte inconformidad dentro de la institución.
Jorge Manzo Denes y Marisol Luna Leal, aspirantes a la rectoría, interpondrán amparos ante la justicia federal para impugnar el proceso al considerar que fue ilegal, ilegítimo y violatorio del principio de equidad.
Asimismo, denunciaron que la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv) coaccionó, presionó e intimidó a docentes, especialmente a eventuales, para obligarlos a apoyar la prórroga.
De acuerdo con la doctora Luna, los dirigentes seccionales de la organización habrían acompañado a funcionarios universitarios a las entidades académicas para indicarles explícitamente pronunciarse en favor de la continuidad del rector Aguilar Sánchez. “Fue una actitud porril, antidemocrática y absolutamente reprobable”, sostuvo.
Añadió que la consulta careció de legitimidad desde el inicio pues sólo 1.5 por ciento de la comunidad universitaria participó y aun así los resultados fueron usados como base para tomar una decisión trascendental.
Por ello, varios sectores universitarios convocaron a una marcha para este miércoles que iniciará en la rectoría y se dirigirá a la Junta de Gobierno y posteriormente al centro de Xalapa.
El objetivo es exigir que se revierta lo que llaman una imposición disfrazada de procedimiento legal.
“Autonomía no significa ilegalidad. No se puede utilizar (este) principio para justificar violaciones al estado de derecho. Esto no es autonomía, es abuso de poder”, expuso.
En paralelo, Jorge Manzo y Marisol Luna preparan amparos ante juzgados de distrito, al considerar que el proceso violó garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la igualdad de condiciones y la legalidad en los actos de autoridad universitaria.
“Ya se están integrando los elementos necesarios. Vamos a solicitar la revocación de la decisión de la Junta de Gobierno mediante el camino legal. Hay pruebas suficientes de que esto fue una simulación democrática respaldada por mecanismos de presión indebida”.
Se sospecha que la consulta promovida por la Junta de Gobierno no sólo habría sido insuficiente en participación, sino también manipulada mediante estructuras sindicales.
En opinión de los denunciantes, se buscó validar una decisión previamente tomada, sin diálogo real ni apertura.
