Orizaba, Ver.- Jairo Guarneros Sosa, representante de la organización Coordinadora de la Sociedad Civil, denunció públicamente la represión y persecución que enfrentan los comerciantes ambulantes en Orizaba.
Acusó al ayuntamiento que encabeza Juan Manuel Diez Francos de actuar con “un doble discurso y mucha hipocresía”.
Guarneros Sosa expuso que la administración municipal recurre a prácticas coercitivas para desalentar el comercio informal pese a que muchos de estos trabajadores se ven obligados a ejercer esta actividad por la falta de opciones laborales estables.
Resaltó que lejos de ofrecer alternativas viables o espacios dignos el ayuntamiento hostiga y criminaliza a quienes ejercen su derecho al trabajo en las calles.
“Cuando nos manifestamos por la irregularidad de los autobuses Gallo –ojo, irregularidad, no el servicio en sí mismo– el alcalde no dudó en calificarnos como personas que no queríamos a Orizaba. Además, justificó sus decisiones afirmando que todas sus actuaciones estaban respaldadas por la Constitución, asegurando que esta es la ley máxima de nuestro país y que no existe reglamento o norma por encima de ella”, recordó Guarneros.
Recalcó la necesidad de que el alcalde actúe con congruencia y no utilice la Constitución sólo cuando conviene a sus intereses. “Entonces apeguémonos todos a la Constitución”, expresó al aludir al artículo 5º de la carta magna que establece que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial. Señor Juan Manuel Diez, sea congruente. O se respeta todo lo que la Constitución observa o no se respeta. Lo que usted hace no es más que una utilización mañosa en detrimento de la ciudadanía que usted, según, defiende”, sostuvo Guarneros Sosa.
Cabe mencionar que dicha organización ha documentado decomisos arbitrarios, amenazas verbales y vigilancia constante hacia comerciantes ambulantes, especialmente en el centro histórico de la ciudad. Estas acciones, asegura, se han intensificado en los últimos meses bajo la actual administración municipal.
Asimismo, Guarneros advirtió que el ordenamiento urbano no puede imponerse a costa de los derechos fundamentales de las personas.
“Es comprensible que se busque una ciudad ordenada y limpia. Pero no puede lograrse pisoteando los derechos de quienes apenas logran sobrevivir día a día. La autoridad no puede presentarse como defensora de la ley cuando la interpreta y aplica de manera selectiva”.
Ante ello, llamó a organismos defensores de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y a la población, a no guardar silencio ante lo que calificó como “abusos de poder y criminalización de la pobreza”.
La situación que padecen los vendedores ambulantes en Orizaba no es nueva pero sí se ha agudizado ante la falta de espacios y permisos. Para muchos de estos trabajadores su labor en las calles representa la única forma de sostener a sus familias.
Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en torno a la actuación del ayuntamiento de Orizaba, señalado por diversos sectores como autoritario e insensible ante las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Para Jairo Guarneros y la Coordinadora de la Sociedad Civil, la lucha por el respeto a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos apenas comienza.
