Las declaraciones del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, con respecto al actuar de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), no son tema de legalidad sino político, advirtió su titular Sergio Rodríguez Cortés, al asegurar que el gobierno no cederá ante campañas de desprestigio.
El empresario inició en 2022 ataques sistemáticos contra el gobierno de la República y de manera específica hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de ser afín a Xóchitl Gálvez y Claudio X. González; “ahora defiende un negocio cuyo representante es un familiar que no tiene manifiesto de impacto ambiental ni otra serie de permisos”.
Al no existir fundamento para darle un trato especial, “cosa que no ha sucedido en este gobierno”, ha optado por el desprestigio mediante comunicados que involucran a otros empresarios, mismos que lo han desmentido, como es el caso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz.
“Nuestros procedimientos tienen un expediente con todas las consideraciones de ley, con los tiempos para presentar permisos y solventar las observaciones de inspección; es decir, no nos hemos excedido, pero no podemos permitir ilegalidades; por eso es la molestia y ha crecido el problema”, informó el procurador.
Agregó que la Secretaría de Medio Ambiente turnó el expediente por no presentar los manifiestos de impacto ambiental, lo cual significa que la empresa ha generado afectaciones y es acreedora a sanciones que, de no atenderse, derivará en su clausura definitiva; “ojalá haga consciencia de que no es con esos actos como se resuelven los problemas, sino atendiendo las recomendaciones de la autoridad”.
