Orizaba, Ver.- El candidato a alcalde del PRI en Orizaba, Hugo Chahín, fue denunciado ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) por presuntas violaciones a la ley electoral.
El abanderado priísta enfrenta cinco quejas formales. Los presuntos delitos electorales habrían beneficiado su campaña y esas quejas fueron admitidas y están en curso de investigación.
Al haber superado el plazo legal sin ser desechadas por falta de fundamento, se consideran fundadas y se encuentran bajo investigación formal por parte del OPLE.
Las denuncias se refieren a actos que, de comprobarse, constituirían violaciones a los principios de equidad y legalidad electoral, como el uso indebido de la marca y del programa “Defensores de Orizaba”.
Se acusa al PRI de utilizar este programa como un mecanismo encubierto de propaganda política, contraviniendo las disposiciones sobre el uso de marcas comerciales con fines electorales.
Otra queja es por publicidad en zonas restringidas. Se señala la colocación sistemática de lonas y pendones en el centro histórico, un área con protección patrimonial donde está prohibida colocar propaganda, lo cual violaría los lineamientos del OPLE y la normativa urbana vigente.
Una más es por la coacción a empleados municipales, ya que consta que se les habría presionado a colaborar con la campaña priísta bajo la amenaza de perder su empleo o prestaciones, lo que implicaría un uso indebido de recursos públicos y de la estructura gubernamental con fines partidistas.
Otro de estos recursos es la remoción selectiva de propaganda adversaria (en este caso contra Morena) efectuada por personal de Limpia Pública, que es un posible acto de parcialidad institucional que beneficiaría directamente al candidato del tricolor.
Y es que de acuerdo con el artículo 335 del Código Electoral para el Estado de Veracruz la Secretaría Ejecutiva del OPLE tiene cinco días hábiles para admitir o desechar una denuncia desde su recepción.
En el caso de procedimientos especiales sancionadores, el plazo máximo para resolver es de 72 horas, con obligación de notificar la resolución al denunciante en un máximo de 48 horas y comunicarla al Tribunal Electoral.
Sin embargo, han transcurrido más de 15 días desde la primera denuncia sin que se hayan desechado, lo que indica que las investigaciones continúan bajo reserva tal como permite la ley.
En contraste, ha circulado en redes sociales una presunta denuncia contra el candidato morenista. No obstante, hasta el momento no existe documento oficial que la respalde ni evidencia que acredite su autenticidad, lo que sugiere una posible estrategia de desinformación orientada al desprestigio político.
Desde una perspectiva jurídica, la apertura de investigaciones formales en plena recta final del proceso electoral revela la gravedad de las acusaciones y la necesidad urgente de preservar la equidad en la contienda.
La coacción laboral, el uso de recursos públicos y la manipulación institucional configuran posibles delitos electorales que afectan directamente la legitimidad del voto.
El papel del OPLE y del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) será determinante no sólo para esclarecer los hechos, sino también para marcar un precedente sobre la integridad de los procesos democráticos en la entidad.
