La Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Transporte Público junto con una comisión del Grupo Independiente de Taxistas de Orizaba (Grito) acordaron revisar los casos de los trabajadores del volante y dar solución a los problemas que enfrentan en torno a las unidades fuera de rango, el estado que guardan los folios de las concesiones y el emplacamiento para pasar la revista vehicular.
En una reunión sostenida en palacio de gobierno, en el tema de las unidades fuera de rango se buscará un esquema que permita que estas unidades puedan acceder a un convenio con Transporte Público para que en un tiempo considerable ver la posibilidad de cambiarlas y que esto no sea pretexto para que personal de esta dependencia persiga y sancione a los agremiados.
Por cuanto hace a la agilización de expedientes que se obstaculiza en la ventanilla única de dicha dirección, se planteó la necesidad de dar certeza a todos los taxistas y que les brinden información del estado que guardan los folios de concesión de todos y cada uno de los compañeros para evitar sorpresas.
Sobre el particular, Jairo Guarneros Sosa, representante de la organización taxista, expuso que se tiene conocimiento que indebidamente se dieron algunas transferencias sin contar con la autorización del concesionario, dijo que se va a revisar esta situación y se va a apoyar este proceso para hacer la aclaración y reintegrar estos folios a los verdaderos concesionarios.
En lo relativo a la revista vehicular, el dirigente taxista expuso:
“No nos negamos. De entrada estamos diciendo que está bien; no nos negamos, es un programa. Pero creemos que tienen que convencernos de que existen las condiciones para entrar al mismo, por lo que se seguirá platicando para checar cuál es la situación que guarda el transporte público”.
“Nosotros planteamos que se aplace en tanto no se resuelve la situación de vehículos sin placas, con la dilación que hay en la entrega de los avisos de emplacamiento, en las transferencias, etcétera. No hay condiciones para esta revista vehicular”.
Explicó que se expuso a las autoridades del sector que alrededor del Transporte Público hay un montón de problemáticas, por ejemplo, “de unidades particulares prestando el servicio del transporte sin contar con la concesión; no estoy hablando de Uber, sino de vehículos que sí están prestando el servicio en las modalidades que tiene contemplado Transporte Público y ahí hay un compromiso de platicar esta situación y ver cómo, y de qué manera puede ser resuelto”, recalcó.
En la reunión de trabajo, encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Uscanga, y el director de Transporte Público, Ángel Alarcón, así como de los subdirectores general y operativo, también se abordaron cuestiones relacionadas con la falta de títulos de muchos taxistas, que de acuerdo con la ley necesitan contar con él para tener la categoría de concesionario.
“Ahí nos explicaban una cuestión jurídica que necesitamos comentar a los compañeros también y asesorarse con abogados para ver si lo que nos están diciendo es verdad o interponemos nosotros otra argumentación jurídica”, sostuvo.
Explicó que tan solo en la región de Córdoba, Orizaba y Tierra Blanca hay al menos unas 5 mil unidades trabajando, de las cuales entre 30 y 40 por ciento de ellas andan sin emplacar y 70 por ciento fuera del rango. Ese es el problema real y del que requerimos alternativas de solución. No queremos que nos repriman, recalcó.
De la retención ordenada para que no se manifestaran en esta capital, como era su pretensión inicial, dijo que fue un operativo policiaco excesivo, porque no había razón, pues no veníamos causando ninguna atropello a nadie y el llegar era realizar una manifestación pacífica, que es un derecho que tenemos. Si nos ofrecían esa reunión, la tendríamos que aceptar y que al final se nos ofreció allá en Tuzamapan. Obviamente metiéndonos la fuerza pública, concluyó.
