El conflicto en la Universidad Veracruzana ha dejado de ser un asunto interno para convertirse en un espejo de la política estatal. Lo que en apariencia comenzó como un desacuerdo jurídico por la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez, cuestionado por no cumplir con los requisitos de edad y por un procedimiento que muchos consideran contrario a la Ley de Autonomía, ha terminado por exhibir la lucha por el control de una institución que concentra poder académico, simbólico y, sobre todo, presupuestal. La UV maneja miles de millones de pesos anuales, y nadie en Veracruz desconoce que tras la rectoría se disputan no sólo cátedras y nombramientos, sino la llave de un botín que permite financiar proyectos, favorecer redes y asegurar lealtades.
Ese trasfondo explica por qué la prórroga al rector encendió a estudiantes y académicos. Ellos hablan de hostigamiento, censura y manipulación de normas para sostener a una autoridad sin consenso. Pero detrás del rechazo, que en la superficie parece un reclamo estrictamente legal o ético, hay algo más profundo: la sospecha de que grupos políticos externos están usando a la Universidad como campo de batalla. Y esa sospecha no es gratuita. Desde hace años, la UV ha sido objeto de cooptación por parte de exrectores y corrientes académicas que construyeron redes de poder internas, ligadas en mayor o menor medida a partidos y gobiernos. Lo que hoy se vive no es ajeno a esa inercia: de hecho, exrectores como Sara Ladrón de Guevara (2013–2021), Raúl Arias Lovillo (2004–2013) y Víctor Arredondo (1997–2004) se pronunciaron públicamente en contra de la prórroga, acusándola de violar la normativa universitaria y de poner en entredicho la autonomía.
La intervención de estos exrectores no es menor: revela que el conflicto no se limita al rector en funciones y a su equipo, sino que reactiva viejas disputas entre generaciones y proyectos de universidad. Sus declaraciones dejan entrever que hay un pulso más amplio por definir si la UV será gobernada con base en la legalidad y el consenso o si se convierte en una extensión de intereses políticos. Y aquí aparece el otro gran actor de la ecuación: el gobierno estatal.
La gobernadora Rocío Nahle ha dicho públicamente que respeta la autonomía de la UV y que no intervendrá en sus decisiones internas. Jurídicamente esa es la respuesta correcta. Pero en política no basta con lo correcto: la percepción pública es que la mandataria, aún sin mover una sola pieza, queda asociada al desenlace. Si interviene demasiado, puede ser acusada de violar la autonomía; si se mantiene al margen, puede ser señalada de omisión o complicidad. Esa ambigüedad erosiona su margen de maniobra y alimenta lecturas periodísticas que sugieren un reacomodo de poder entre su grupo político y el del exgobernador Cuitláhuac García, con la Universidad como campo simbólico de esa disputa.
En los análisis de prensa aparecen con frecuencia tres líneas interpretativas. La primera: que lo que está en juego es el presupuesto universitario, superior a los diez mil millones de pesos, y que la rectoría es un cargo estratégico para decidir su uso. La segunda: que el control de la UV también significa control simbólico sobre el mayor espacio intelectual del estado, con capacidad para legitimar o cuestionar políticas públicas, para moldear generaciones y para articular discursos críticos. Y la tercera: que detrás de la crisis se encuentra la pugna entre redes de exrectores, académicos, funcionarios y políticos estatales que buscan perpetuar o recuperar espacios de poder.
De la lectura de la prensa se deriva, pues, que la prórroga al rector no es un simple trámite administrativo: es el síntoma visible de un conflicto más profundo que involucra dinero, prestigio y legitimidad. También se percibe que el gobierno estatal, aunque guarde silencio, no puede salir ileso. Cada protesta estudiantil, cada pronunciamiento académico, cada declaración de los exrectores refuerza la idea de que la UV está en crisis y de que la estabilidad del estado depende también de cómo se resuelva.
La universidad es demasiado importante para ser vista como un asunto aislado. Su autonomía es bandera y al mismo tiempo terreno de disputa. Por eso, aunque Rocío Nahle insista en que su respeto a la autonomía es absoluto, el desenlace de la crisis se le adjudicará inevitablemente, porque en Veracruz no se puede gobernar sin tener en cuenta a su universidad. La UV no sólo es academia: es identidad, prestigio y símbolo. Y cuando el símbolo está en crisis, quien gobierna tampoco puede quedar indemne.
