La posible eliminación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) violenta los derechos de las infancias y representa un retroceso de 30 años para México, cuando este sector de la población estaba invisibilizado y sin derechos a la educación, a la salud, a la familia, a la recreación, coincidieron en señalar diversos activistas.
El martes 18 de abril se dio a conocer en la Gaceta Legislativa la propuesta que el Presidente envió a la Cámara de Diputados para desaparecer 16 órganos desconcentrados, entre ellos, el Sipinna. Su Secretaría Ejecutiva, de acuerdo con la reforma, dejaría de ser un órgano desconcentrado para incorporarse a la Unidad Administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Sobre el tema, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez, comentó que desde que se dio a conocer la iniciativa de ley al menos 800 organizaciones y expertos se han pronunciado en contra de las pretensiones del Ejecutivo federal de desaparecer el Sipinna como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), para trasladarlo al DIF como una unidad administrativa.
Se entrevistó a expertos en el tema como el coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redlamyc), Juan Martin Pérez; las integrantes del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle AC (Matraca), Érika Antonio Blanco, Josefina Castrajón Holguín; y el académico de la Universidad Veracruzana (UV), Arturo Narváez Aguilera, quienes expresaron que en México son necesarias las políticas públicas en favor de la niñez para garantizarles educación, deporte, una vida libre de violencia y disminuir los índices de embarazos en adolescentes, entre otros.
“Desaparecer el Sipinna es borrar la lucha de las ONG”
Érika Antonio y Josefina Castrajón expusieron que la desaparición del Sipinna nacional, en los estados y municipios representaría una clara muestra del retroceso legal que existe en México, y hacer a un lado los logros de organizaciones no gubernamentales (ONG) que durante décadas alzaron la voz para crear políticas públicas a favor de la niñez.
Expresó Érika Antonio que el Sipinna tiene la responsabilidad de vigilar y vincular los trabajos de las secretarías de gabinete federal, estatal o en su caso las direcciones municipales que beneficien a los niños, niñas y adolescentes.
“Eliminarlo es un retroceso para la niñez, porque ya hay sistemas instalados en la mayoría de los estados de la República, en la mayoría de los municipios de México, es un retroceso desmantelar el Sipinna”, expresó la directora de Matraca.
La encargada de Procuración de Matraca, Josefina Castrejón, refirió que los diputados federales en vez de desaparecer el Sipinna deberían gestionar más recursos a favor de la niñez y la adolescencia.
Refirió que la labor del Sipinna en Xalapa es evidente en la atención que ofrecen a los menores, en los foros que organizan para escucharlos, en las solicitudes que hace a la Procuraduría de Protección al Menor, a fin de salvaguardar su integridad.
En cambio el Sipinna en el ámbito estatal “es muy cuestionable”, por ello es importante la propuesta de no eliminar a los organismos de manera general, sino de impulsarlos a hacer un mejor trabajo.
“Una regresión a violentar los derechos humanos”
Contrario a las justificaciones para desaparecer el Sipinna, expresó el coordinador de la Red Latinoamericana, Juan Martín Pérez, es un mecanismo de coordinación “bastante barato, eficiente y de buen nivel, ahí operan alrededor de 50 profesionales altamente calificados” que acompañan a los 32 estados y 2 mil 469 municipios para hacer valer el programa nacional de derechos de la niñez.
Juan Martín puntualizó que la propuesta de adherir el Sipinna al DIF rompería con el principio de no visibilidad, se regresaría a violentar los derechos humanos.
“Mandar el Sipinna al DIF como una unidad administrativa es absurdo e inconstitucional, porque el DIF forma parte del Sipinna en el ámbito de protección especial, y el DIF se rige por la Ley de Asistencia y no tendría capacidad legal ni jurídica para cumplir con la tarea de coordinación”.
Además, en el 2014 surgió el Sipinna para quitarle carga al DIF, que desde hace décadas enfrentaba una crisis económica y la cual se fortaleció en estos últimos cuatro años del gobierno de López Obrador con los recortes presupuestales.
“Es un despropósito por todos lados; afortunadamente Movimiento Regeneración Nacional (Morena) consideró pausar esta reforma, confiamos en que se reconsidere pero seguiremos insistiendo en que no es viable por ningún lado que se le mire”, puntualizó.
Juan Martín recordó que el 30 de abril del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con diversas ONG en su casa y firmó nueve compromisos a favor de la niñez mexicana, por ello es importante recordar que el mandatario aún informa de la labor que desempeña el Sipinna federal.
Recordó que hace 34 años, México firmó por primera vez la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el que su gobierno se obliga a desarrollar legislación y política pública a favor de las infancias. En el 2000 empezó a construir e implementar leyes a favor de los menores, sin embargo, eran de “mala calidad” al no cumplir con el estándar internacional.
Por ello fue clave el año 2011, cuando se logró la reforma al artículo 1°, el cual señala que todos los tratados internacionales a favor de la niñez tienen el mismo rango que la Constitución Política Mexicana, agregó.
Para 2014 se creó la Ley General del Sipinna, el cual fue replicado y creado en los 32 estados de la República Mexicana; y en más de mil 800 ayuntamientos.
“Significa que el Sipinna es una gran red institucional de funcionarios públicos que se conjuntan para lograr el cumplimiento de los derechos; es un órgano desconcentrado de la Segob, así que no es burocracia”, afirmó Juan Martín.
Fortalecer y dotar de recursos a los Sipinna municipales
El académico de la Facultad de Sociología de la UV, Arturo Narváez, explicó que el “gran desafío” de este sexenio presidencial es cambiar su política pública de la fragmentación de instituciones y dar preferencia al impulso y fortalecimiento de las mismas.
Consideró que las niñas, niños y adolescentes estarían mejor atendidos si los 2 mil 469 ayuntamientos instalaran y dotaran de recursos a los Sipinna municipales, y desecharan la idea de sumarlo al DIF.
“El Sipinna es una lucha de décadas de organizaciones que defienden los derechos de la niñez, que exige ver a los menores como sujetos de protección, de derechos, de políticas integrales. Hay que ver cómo trabajar, concurrir, coadyuvar en un solo sistema que los atienda” expresó.
Agregó que el desmantelamiento del Sipinna o integrarlo al DIF es un retroceso al reconocimiento de los derechos de la niñez, promulgados en diciembre del 2014 como producto de recomendaciones de organismos internacionales.
“Antes de desaparecer el sistema hay que evaluar cuáles son las políticas que funcionan y replicarlas en los municipios, que haya creación de mecanismos, el diseño de políticas directamente en prevención y atención de la niñez”.
