Comienza la temporada de ciclones. Como cada año, el nombre de Veracruz aparece en el centro de los pronósticos. No es fatalismo: es geografía, historia y la constatación de que seguimos reaccionando sobre la marcha.
Esta semana, los remanentes de la tormenta tropical Boris activaron los Planes Marina y Tajín en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Las lluvias alcanzaron acumulados de hasta 150 milímetros, dejando calles anegadas, árboles caídos y un derrumbe en Zongolica. Nada extraordinario si se revisa el expediente climático del estado. Lo preocupante no es el fenómeno: es la pregunta que queda flotando cuando el agua se retira.
Veracruz tiene un expediente. El huracán Karl, en 2010, inundó el Puerto y dejó decenas de muertos; la imagen de coches flotando en el bulevar se volvió símbolo de una ciudad construida sin memoria. Stan, en 2005, devastó la sierra y la costa con más de cien muertos y comunidades enteras arrasadas. Dean, en 2007, golpeó el sur del estado con una intensidad que no encontró infraestructura preparada para recibirlo. En cada ocasión, la conclusión fue la misma: faltó previsión, faltó planeación, faltó voluntad de ordenar el territorio. Y en cada caso, esa conclusión se archivó junto con los muertos.
De 212 municipios veracruzanos, 168 carecen de un Atlas de Riesgos actualizado. No es un dato menor: el Atlas no es un documento burocrático, es el instrumento que define dónde se puede construir y dónde no, qué zonas son inundables, qué laderas son inestables, qué márgenes de río deben mantenerse libres. Sin él, los ayuntamientos otorgan permisos de construcción a ciegas. Sin él, los desarrolladores privados ocupan terrenos que el agua reclama cada temporada. Sin él, las familias más pobres terminan viviendo donde nadie más quiere vivir, que es exactamente donde el ciclón pega primero. Que 168 municipios operen sin ese instrumento no es un rezago administrativo: es una decisión política acumulada durante décadas.
El gobierno del estado ha ejecutado obras: más de mil 500 millones de pesos en desazolve del Cazones y el Pantepec, bordos en el norte, limpieza de 20 kilómetros de drenajes en el puerto antes de la temporada. Reformó la Ley de Protección Civil, instaló mesas de coordinación con la Marina y el Ejército, realizó un simulacro con más de medio millón de participantes. Son hechos. Pero son hechos que no resuelven el problema de fondo porque atacan síntomas, no causas.
Lo que sacan las cuadrillas de los drenajes lo dice todo: lodo y sedimentos acumulados durante años, arena de calles sin pavimentar, bolsas de plástico, botellas PET, unicel, escombros, grasas solidificadas, llantas, muebles. No es sólo un problema de infraestructura. Es el retrato físico de una ciudad que se tira basura a sí misma y luego se inunda con ella.
Mientras Tamaulipas actualizó el atlas de 33 municipios vinculándolo al ordenamiento ecológico y Tabasco avanzó en viviendas resilientes y dragado de ríos, Veracruz sigue atrapado en el ciclo reactivo: limpia drenajes que volverá a tapar, desazolva ríos cuyos márgenes seguirá ocupando. La prevención no se improvisa en junio. Se construye todo el año, con instrumentos de planeación que este estado no tiene o no aplica.
Los satélites y los modelos meteorológicos avisan con días de anticipación. No habrá ciclón que tome por sorpresa a nadie. La sorpresa, si ocurre, será la de siempre: nuestra propia incapacidad para actuar con lo que ya sabemos. Un gobierno que planea el territorio y una ciudadanía que no arroja basura a la calle no son exigencias extraordinarias. Son las condiciones mínimas para que las obras sirvan de algo. Veracruz no puede darse el lujo de seguir aprendiéndolo con muertos.
