El gobierno federal determinó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicará una “tarifa cero pesos” en el servicio doméstico de energía eléctrica en 109 municipios de cinco estados del país, entre ellos Veracruz.
Se trata de una medida implementada como parte de las acciones para atender los daños provocados por las lluvias severas e inundaciones de octubre de 2025.
Fue por medio del acuerdo 67/2026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se informó que el beneficio será válido por dos meses durante 2026 para usuarios que hayan contado con contrato vigente al momento de la contingencia y que lo mantengan activo al momento de su aplicación.
La medida responde a las afectaciones por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos del 6 al 11 de octubre de 2025 en la región de La Huasteca, donde miles de familias enfrentaron daños en viviendas, infraestructura y pérdida de ingresos.
En total, el apoyo abarca municipios de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; sin embargo, la entidad veracruzana concentra 38 de los municipios beneficiados, principalmente en zonas del norte y costa.
En Veracruz, son 39 los municipios incluidos en este esquema: Ilamatlán, Naranjos Amatlán, Benito Juárez, Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chalma, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Misantla, Nautla, Omealca, Pánuco, Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Los Reyes, Tampico Alto, Tantoyuca, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlalixcoyan, Tuxpan, Xoxocotla, Yecuatla, Zacualpan, Zontecomatlán, El Higo y San Rafael.
El acuerdo establece que la aplicación de la tarifa cero se reflejará directamente en los recibos emitidos por la CFE, como parte de un esquema extraordinario de apoyo a la economía familiar.
Esta decisión se sustenta en el principio de justicia energética, con el objetivo de garantizar el acceso a electricidad asequible en comunidades afectadas por desastres naturales.
Además de los daños materiales directos, el documento advierte que las inundaciones provocaron una desaceleración en actividades agrícolas, comerciales e industriales, lo que afecta de manera significativa la economía regional.
Con esta medida, el gobierno federal busca acelerar la recuperación de las zonas impactadas y reducir la carga económica de las familias, particularmente en regiones con mayores niveles de vulnerabilidad
