La faena
Casi como un guión previamente diseñado, en fechas recientes se ha desatado una incipiente cadena de sucesos que, vistos a modo y con afán de establecerlos como un hito alarmante, dan a entender la existencia de un estado de violencia política en Veracruz. En información publicada en La Jornada Veracruz, un reporte denominado “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México” se dio a conocer que durante el mes de diciembre del 2024 se reportaron tres asesinatos de funcionarios en la entidad.
Y este año, al menos un político fue asesinado: los hermanos Juan y Carlos Daniel Neri Rodríguez, siendo este último el secretario del ayuntamiento de Paso del Macho. El 9 de diciembre fue ultimado el diputado federal Benito Aguas. A este crimen se suman el del policía municipal Alberto Carrera de Camerino Z. Mendoza, ocurrido el 31 de diciembre en el municipio de Nogales, y el asesinato de Nicolás Cruz, policía municipal de Villa Aldama, ocurrido el 24 de diciembre en la localidad de Cerro de León.
En comparación con otras entidades, el informe señala que Guerrero fue el estado con más casos de violencia, con 76 eventos identificados. Le siguen Guanajuato con 69, Puebla con 68, Chiapas con 65, Michoacán con 46 y Morelos con 41. También destaca un aumento constante en la violencia político-electoral en los últimos años, pasando de 78 casos en 2020 a 177 en 2021, 486 en 2022, 570 en 2023, hasta los 656 casos en 2024.
Como se puede observar en estas cifras, es notable la creciente incidencia delictiva asociada especialmente con procesos electorales. En el caso del estado de Veracruz, lo anterior adquiere una connotación particular, dada la circunstancia de que se trata de los primeros meses de la gestión gubernamental de la morenista Rocío Nahle y además de que en este año habrán de realizarse elecciones municipales.
No puede dejarse de lado tampoco la virulenta y agresiva campaña mediática que emprendiera en su contra la alianza formada por el PAN-PRI-PRD durante la campaña y, en particular, el toque personal que le diera el Clan Yunes cuando le imprimieran el sello particular de la casa: epítetos, descalificaciones poco sustentadas en verdades a medias, manejo masivo de medios y siembra de incertidumbre y temor entre sus adversarios con el propósito de destruir la candidatura de la representante de Morena.
Pues bien, y más allá de que en efecto existan condiciones regionales para el incubamiento de una situación que genere violencia política, sobre todo en el contexto de unos comicios como los municipales en los que se juega bajo reglas e intereses focalizados—en los que tampoco puede perderse de vista la influencia eventual que puedan tener grupos delincuenciales o caciquiles—, lo cierto es que sin dudas, algunos hechos violentos pudieran tener sus raíces en la reciente contienda por la gubernatura. Es decir, después de la apabullante derrota y con escasas posibilidades de presentar una oferta electoral atractiva, el elemento de la violencia política puede resultar un recurso útil del cual echar mano, pues propicia un fértil escenario para prolongar la contienda por el poder, desde una trinchera altamente visible y sensible para la sociedad.
