Antonio de Jesús Ordóñez aún recuerda el tiempo que pasó en la cárcel acusado de un delito federal en 2012: privación ilegal de la libertad.
Por ello se manifiesta a favor de la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación afuera del Senado, en la Ciudad de México.
Expresó que pese a tener pruebas suficientes para demostrar su inocencia, el magistrado Antonio Soto Martínez, a quien señaló como abiertamente panista y quien, dijo, está relacionado con el exgobernador Miguel Ángel Yunes, insistió en que se quedara preso.
“La gente que presentó el amparo en mi contra es gente de ese señor, de Yunes y sus hijos; hay tintes políticos ahí”, acusó.
Durante seis años estuvo privado de su libertad. Mientras el proceso legal continuaba, él estaba tras las rejas.
“Yo fui procesado. Estuve seis años cuatro meses 23 días encerrado. Me habían sentenciado a 35 años, pero un Tribunal Unitario me absuelve. Evalúa las pruebas y se da cuenta que no había prueba contundente y hay indicios que acreditan mi inocencia. Entra un amparo, vuelven a dictar sentencia por disposición; me vuelven a absolver y en el segundo amparo un Tribunal Colegiado hace un proyecto arbitrario donde le impone al juez unitario que me condene. Es el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el magistrado es Antonio Soto Martínez”, explicó.
Aseguró que se reunirán con la defensoría pública de la judicatura y la Corte para evidenciar la mala práctica de Soto Martínez, que sólo eliminó pruebas para absolución y le impuso al unitario que lo condenara.
En el documento, explicó que el tribunal, el juez de circuito dice que la sentencia del colegiado es incongruente.
“Yo ahorita traigo una orden de reaprehensión y tengo suspensión y me sigo defendiendo. Es a nivel federal”, explicó.
Añadió que ya habló en el Senado de la República en donde habló un poco de su caso y de la importancia de que se garantice la defensa adecuada en juicio de amparo directo. Ahora permiten que cualquier defensor con título y cédula pueda intervenir en juicio de amparo, porque es muy técnico y se requiere de gente especializada.
“Es increíble que el Poder Judicial permita que un defensor público presente recursos como revisión de amparo directo penal de manera extemporánea cuando su propia ley lo cuestiona. Sólo lo que hacen es desechar el recurso y dejan sin posibilidad de defensa al gobernado que no tiene la culpa de que el defensor no haya presentado en tiempo el recurso”, comentó.
Aunque salió en libertad en 2018, desde entonces sigue el proceso y tiene una orden de reaprehensión que está por el momento detenida por un amparo.
