En el primer año de la administración Trump, uno de los abogados litigantes más prominentes y extravagantes de Houston ideó una estrategia de litigio inusual con el potencial de recaudar decenas de millones de dólares. Se basó en una serie de escándalos que se desarrollaron en México, una nación independiente que normalmente está fuera del alcance de cualquier autoridad de la corte civil de Estados Unidos.
Tony Buzbee, un infante de Marina que habla con dureza y veterano de la primera Guerra del Golfo, es un abogado de alto nivel que vive en el piso 73 de un rascacielos de Houston con una vista panorámica de la ciudad más grande de Texas. Es impetuoso y ambicioso. A través de su práctica de derecho marítimo, tiene experiencia en el manejo de casos internacionales complejos, que pueden involucrar enredos con corporaciones multinacionales con subsidiarias y cuentas extraterritoriales ocultas. También representó a asociaciones pesqueras mexicanas y a miles de otros clientes en demandas estadounidenses contra BP después del desastre de Deepwater Horizon y el derrame masivo de petróleo en 2010. Entonces, cuando el recién elegido gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, un estado rico en petróleo en el Golfo de México, comenzó una campaña para responsabilizar a su predecesor por la supuesta malversación de 3 mil millones de dólares (aproximadamente 60 mil millones de pesos), tenía sentido que se conectara con Buzbee en 2017 sobre activos que podrían haber estado ocultos en Houston.
Este era el plan: el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ya estaba detenido por algunos de sus presuntos delitos en México, por lo que Buzbee presentaría demandas en Texas contra propietarios, en su mayoría personas y sociedades de responsabilidad limitada, acusados de lavar dinero para Duarte en Estados Unidos. Según la ley de Texas, las víctimas de robo y fraude pueden demandar para recuperar sus pérdidas. Luego, Buzbee le pediría a un juez que transfiriera los títulos de los bienes inmuebles en cuestión, en su mayoría casas en el área de Houston, al estado de Veracruz. Luego se vendería la propiedad, reembolsando a los contribuyentes de Veracruz. Como abogado litigante experimentado con habilidades de investigación, Buzbee, por supuesto, recibiría una parte por sus servicios, que no reveló, pero que generalmente es entre el 30 y el 40 por ciento de la cantidad recuperada. Parecía bastante fácil.
“Simplemente usted muestra que el funcionario tomó el dinero, y ahora hay un activo a nombre de (un pariente) en The Woodlands”, dijo Buzbee en una entrevista en enero de 2021. “Es un caso mucho más simple que tratar de exponer todos los tratos en México que no son de mi incumbencia”.
En 2018, Buzbee presentó siete demandas en los tribunales de distrito del condado de Harris contra una serie de sociedades de responsabilidad limitada y empresarios de Veracruz que vivían en los suburbios de Houston. Esas empresas e individuos poseen docenas de propiedades. Alegó que una casa comprada por la cuñada de Duarte, una membresía de club de golf y al menos docenas de otras propiedades inmobiliarias, incluida una lista que proporcionó de 30 casas, lotes baldíos y un edificio comercial propiedad principalmente de individuos y sus compañías de inversión inmobiliaria, fueron compradas con dinero robado de Veracruz.
Casi al mismo tiempo, la firma de Buzbee presentó una demanda similar en Miami, enfocada en 41 propiedades más. Otros estados y otros abogados se sumaron a la acción. En septiembre de 2021, el gobierno federal de México contrató a un abogado privado para presentar una demanda en un tribunal estatal de Florida contra un ex secretario de Seguridad Pública y cerca de 50 empresarios y empresas con denuncias similares a las que hizo Buzbee en nombre de Veracruz.
Es una estrategia audaz, pero que tradicionalmente ha estado en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según la ley federal y el tratado internacional, si México puede demostrar que es víctima de fraude y robo, puede solicitar al gobierno de Estados Unidos que devuelva los fondos incautados en el curso de las investigaciones de cleptocracia del Departamento de Justicia.
Durante años, los funcionarios del Departamento de Justicia han usado su autoridad para ayudar a recuperar miles de millones de dólares que, según dijeron, fueron robados por dictadores y cleptócratas en el extranjero y luego escondidos en Texas y otras partes de Estados Unidos. Si ese dinero se invirtió en EU, o incluso pasó a través del sistema financiero estadounidense en su camino hacia una cuenta bancaria en el extranjero, la ley federal permite a los fiscales presentar lo que se denomina una demanda por confiscación de activos. Los fiscales pueden pedirle a un juez que, a nombre de Estados Unidos, congele cuentas que contengan dinero robado o incautar activos comprados con fondos robados (en otros países). Ni siquiera tienen que presentar cargos penales.
Entre 2012 y 2018, los fiscales federales que trabajaban en el sur y el oeste de Texas presentaron demandas por decomiso de activos contra bienes raíces, aviones, vehículos y cuentas bancarias por valor de decenas de millones de dólares que, según dijeron, fueron comprados con fondos robados por ex funcionarios públicos de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Tabasco y Tamaulipas. Pero no está claro si los funcionarios estadounidenses devolvieron parte del dinero que recuperaron de casos anteriores de lavado de dinero que fue robado a los contribuyentes mexicanos.
Y, sin embargo, los federales parecían haber abandonado estos esfuerzos en 2018 bajo la administración del presidente Donald Trump. Todavía no está claro si las autoridades estadounidenses, ahora bajo la presidencia de Joseph Biden, alguna vez tuvieron la intención de enjuiciar a Duarte, el ex gobernador de Veracruz, o incautar activos relacionados con él en Estados Unidos. Después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México en diciembre de 2018, los dos países iniciaron conversaciones sobre cómo desarrollar una estrategia integral para combatir el lavado de dinero. Pero esas discusiones parecen no haber ido a ninguna parte.
“Hay tanta impunidad que algunos funcionarios del gobierno mexicano han comenzado a pensar que aprovecharse de su poder (para lavar dinero) es parte del privilegio de un cargo político”, dijo Rodrigo Montes de Oca, investigador académico del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker, quien participó en conversaciones binacionales sobre recuperación de activos y lleva años estudiando estos temas.
“Y me parece que los bienes raíces son la mejor manera de esconder dinero debajo de las narices de todos, especialmente en Texas”, agregó.
Para Buzbee y otros abogados litigantes que intentaron una estrategia similar, el momento para entablar demandas civiles por lavado de dinero debería haber sido perfecto, dada la falta de más acciones del gobierno de EU para rastrear a los cleptócratas mexicanos en 2018. Sin embargo, incluso cuando Buzbee habló con TexasObserver en enero de 2021, estaba viendo lo difícil que sería navegar por un esfuerzo de reposición internacional.
“Nos dimos cuenta de que esto va a ser mucho más difícil de lo que pensábamos”, dijo Buzbee. “Tienes que probar que el funcionario que vive en esta casa es el único accionista de la empresa propietaria de esta casa. Tenemos que demostrar que a pesar de que ganaba mil 200 dólares al mes, no hay forma de que pudiera haber comprado una casa de un millón en EU. Tienes que demostrar que el dinero fue robado. Tienes que conseguir registros bancarios. Obtener registros bancarios es increíblemente difícil. El banco te pelea con uñas y dientes… Lo siguiente que sabes es que tienes ocho casos en apelación”.
Ha sido descrito como el más audaz caso de robo oficial jamás realizado en la historia de México: el saqueo sistemático de hasta 3 mil millones de dólares (60 mil millones de pesos aproximadamente) de las arcas de Veracruz por parte del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, cuyo mandato de 2010 a 2016 en el estado productor de petróleo con una población de más de 8 millones también incluyó un gran aumento en las desapariciones forzadas y una serie de ataques letales contra periodistas.
*Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Fue producido en colaboración con Type Investigations. Ésta es la cuarta parte de la serie Follow the Money.
