La idea de transformar los residuos orgánicos en composta suele presentarse como un gesto ambientalmente virtuoso, casi automático: menos basura, menos rellenos sanitarios, más economía circular. Pero cuando ese proceso carece de información, monitoreo y control, la virtud se convierte en riesgo. Eso es exactamente lo que hoy ocurre en el Centro de Compostaje de Xalapa.
La información disponible sobre los lixiviados que se generan en ese sitio es escasa, fragmentaria y técnicamente insuficiente. No se conoce con precisión cuántos se producen, qué volumen alcanzan, ni cuál es su composición fisicoquímica real. Se trata de líquidos altamente contaminantes, derivados de la descomposición de residuos orgánicos con alta humedad, que pueden afectar suelo, cuerpos de agua y ecosistemas si no se manejan adecuadamente. No es una conjetura alarmista: es una constatación científica.
En el centro se procesan alrededor de 26 toneladas diarias de residuos orgánicos. Esa cantidad, combinada con humedad elevada y procesos biológicos activos, provoca inevitablemente lixiviados con altas concentraciones de amonio, materia orgánica disuelta y otros compuestos potencialmente tóxicos. Estudios académicos recientes muestran parámetros preocupantes: pH ácido, cargas orgánicas elevadas y niveles de nitrógeno que no pueden considerarse inocuos. Sin embargo, esa información no forma parte de un sistema público, continuo y transparente de monitoreo ambiental.
El problema no es la compostación en sí. El problema es tratarla como si fuera un proceso ambientalmente neutro por definición, cuando en realidad requiere infraestructura, medición constante y decisiones técnicas informadas. Un centro de compostaje sin control de lixiviados no es una solución ambiental: es un foco de contaminación silenciosa.
A esto se suma un factor estructural inquietante. El centro de compostaje opera hoy en un espacio reducido, luego de que el propietario del terreno solicitara parte de la superficie. Esa limitación física compromete cualquier posibilidad de ampliar áreas de tratamiento, instalar sistemas adecuados de manejo de líquidos o implementar soluciones biotecnológicas más complejas. Es decir: se reconoce el problema, pero se opera como si no hubiera margen material para resolverlo.
El caso revela una falla más profunda en la gestión ambiental urbana. Las políticas públicas suelen concentrarse en la narrativa del “qué hacemos con la basura”, pero descuidan el “cómo” y el “con qué datos”. Sin información sistemática no hay prevención; sin prevención, la gestión se vuelve reactiva; y cuando el daño aparece, suele ser tarde y costoso.
Xalapa no puede permitirse esa lógica. Una ciudad que se asume como capital verde, universitaria y ambientalmente consciente no puede operar instalaciones de tratamiento de residuos sin conocer el impacto real que ocasionan. La opacidad técnica no es neutral: siempre juega a favor del deterioro ambiental.
El compostaje puede ser una herramienta valiosa, pero sólo si se asume con rigor. Eso implica medir, transparentar, invertir y corregir. Lo contrario es vender sustentabilidad mientras se produce contaminación fuera de cuadro. Y eso, más que un error técnico, es una irresponsabilidad pública.
