Veracruz lleva años arrastrando una marca dolorosa: la violencia contra las mujeres no es un “tema”, es un patrón. Y cuando un patrón persiste, deja de ser accidente y se vuelve estructura: una forma de convivencia deformada, una cultura cotidiana de control, amenaza y castigo.
Las cifras oficiales con las que el estado cerró 2025 son un golpe que no admite maquillaje. De enero a noviembre, Veracruz registró 2 mil 067 delitos de violencia de género contra mujeres, segundo lugar nacional; y una tasa de 25 casos por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional reportada (4.53).
A la par, la extorsión contra mujeres también aparece al alza: 317 casos y una tasa estatal de 8.7 por cada 100 mil habitantes, superior al promedio nacional de 3.6. En el mismo periodo se reportaron 40 feminicidios; además, 84 muertes de mujeres por homicidio doloso y 199 por homicidio culposo.
Se abrieron 2 mil 384 carpetas por lesiones dolosas contra mujeres; 12 mujeres fueron víctimas de secuestro; y se iniciaron tres carpetas por trata de personas. Son registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No estamos frente a un solo delito, sino ante un ecosistema. Y cuando la violencia se mezcla con extorsión, el mensaje social es todavía más oscuro: no sólo se agrede, también se administra el miedo como negocio.
Esto no cae del cielo. Es el resultado de una cadena larga: impunidad, tolerancia cultural, silencios familiares, complicidades comunitarias, fallas institucionales, agresores que aprenden que “no pasa nada”, víctimas que aprenden que denunciar puede costar más caro que callar.
Hay leyes, hay protocolos, hay discursos, sí; pero cuando un estado aparece entre los primeros lugares nacionales, lo que está fallando no es un papel: es la relación social y su forma de organizar el poder.
Por eso la palabra clave es incómoda pero inevitable: reeducación. No como sermón, sino como política pública seria. Reconfigurar de raíz las relaciones de género supone un programa fuerte y sostenido que actúe donde realmente se fabrica la violencia: en la crianza, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en el entretenimiento y en la conversación cotidiana.
No basta con reaccionar cuando ya ocurrió lo irreparable; hay que intervenir antes, con métodos verificables. Porque la violencia empieza mucho antes del golpe y del asesinato: empieza en la broma degradante, el hostigamiento en el transporte, la vigilancia sobre la ropa, el “¿a quién le escribes?”, el aislamiento, el chantaje económico, el “si me dejas te va a ir mal”.
Cuando ese corredor no se detiene, el final se vuelve estadística.
Un programa estatal de reeducación en Veracruz no puede ser una campaña de carteles ni un curso ceremonial de una tarde. Tiene que ser un sistema con metas, presupuesto, responsables, indicadores y consecuencias por incumplimiento.
Primero, escuela: educación afectiva, ética del cuidado, resolución no violenta de conflictos, igualdad como práctica diaria, no como “tema de una semana”; formación obligatoria para docentes, protocolos claros y seguimiento real.
Segundo, trabajo directo con hombres y masculinidades: intervención comunitaria con jóvenes y adultos; talleres obligatorios como medidas cautelares en casos de violencia; y programas de control y rehabilitación para agresores con evaluación, no con buenos deseos.
Tercero, justicia y protección: denunciar no puede ser una travesía de humillación. La regla debe ser simple y operativa: creer, proteger, investigar. Atención inmediata, asesoría legal, refugios, redes de protección y coordinación efectiva. La revictimización es violencia institucional: fría, burocrática, y también mata.
Cuarto, municipios como primera línea: la violencia ocurre en colonias y comunidades; si el municipio no integra salud, educación, seguridad, jueces cívicos, mediación y sistema DIF, todo se queda en anuncios. Cada municipio necesita una unidad operativa con protocolos y enlace directo con fiscalía y tribunales.
Quinto, economía del miedo: si la extorsión crece, hay que atacarla con inteligencia, coordinación y persecución real, porque no es solo delito: es una forma de gobierno criminal sobre la vida cotidiana.
Pero incluso con todo lo anterior hay una condición indispensable: ruptura cultural con la impunidad. En Veracruz, durante años, la violencia contra las mujeres se ha vuelto un ruido de fondo: se lamenta, se indigna un día, se olvida al siguiente. Ese ciclo es parte del problema.
Una sociedad que se acostumbra a la violencia termina viviendo dentro de ella como si fuera clima. Y la reeducación no es solo para “ellos”: también es para la comunidad que encubre, para la familia que minimiza, para el compadre que aconseja “aguántate”, para el vecino que escucha gritos y decide no meterse, para el jefe que tolera el acoso, para la institución que archiva, para el policía que se ríe, para el ministerio público que posterga.
Reconfigurar las relaciones de género es reconfigurar el pacto social: qué se tolera, qué se sanciona, qué se protege, qué se enseña.
Veracruz no necesita un gesto. Necesita una decisión histórica: pasar de la reacción a la prevención; del discurso a la estructura; de la estadística a la vida.
Porque si Veracruz ya fue capaz de normalizar el miedo, también puede –si quiere– normalizar otra cosa: el respeto, la protección efectiva y la vergüenza pública del agresor. Eso sí sería un cambio de raíz.
