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La mañanera del viernes se realizó desde Minatitlán. No fue un detalle menor. Veracruz es hoy el estado donde convergen con mayor intensidad las promesas y las deudas del proyecto de transformación nacional: la industria que se quiere recuperar, la infraestructura que prometía integración y lleva meses detenida, y el periodismo ciudadano que alguien decidió silenciar con un marro y tres hombres encapuchados.
El gobierno federal presentó ayer el plan de recuperación de la industria petroquímica y de fertilizantes: 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030, con Pemex como eje. La cifra no es retórica. Veracruz fue el territorio donde México construyó su industria petroquímica nacional y donde el modelo neoliberal la desmanteló con la misma eficiencia con que entregó todo lo demás. Recuperarla no es solo un asunto económico: es la restitución de una capacidad productiva que fue saqueada durante décadas. Que el anuncio se haga aquí tiene un peso simbólico que no debería perderse en los boletines. Lo que corresponde ahora es exigir transparencia en la ejecución: las metas declaradas —849 mil toneladas de petroquímicos y cuatro millones de fertilizantes anuales— deben tener seguimiento público, no solo cifras en conferencia.
También se habló del Tren Interoceánico. La presidenta fue directa: sigue sin pasajeros. Desde el descarrilamiento del 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca —14 muertos, decenas de heridos— el corredor opera solo para carga. Sheinbaum anunció que en tres semanas presentará un plan de rediseño de trazos en las curvas que se identificaron como factor de riesgo. Es una respuesta correcta y tardía. El Tren Interoceánico fue presentado como motor de integración del Istmo de Tehuantepec, como la obra que llevaría desarrollo a comunidades indígenas y populares que llevan décadas esperando que la riqueza de su territorio se quede en él. Cinco meses sin pasajeros son cinco meses de promesa suspendida. El rediseño no puede esperar otros cinco.
Pero hay un asunto que esta columna no puede dejar en tercer lugar aunque llegue al final. Desde el martes 2 de junio, Roxana Guzmán Ramírez está desaparecida. Es directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fundado hace apenas meses en Nanchital, al sur de Veracruz. Tres hombres encapuchados y armados derribaron su puerta a golpes de marro, ordenaron a los presentes tirarse al suelo y se la llevaron. Había un familiar presente. Quedó un video. No hubo ambigüedad.
Roxana ya había pagado antes el precio de informar: en 2017 asesinaron a su esposo en Nanchital. Salió del estado. Regresó este año y fundó su medio. En pocos meses reunió 19 mil seguidores cubriendo lo que nadie más cubría: fallas en servicios públicos, denuncias vecinales, accidentes, la vida cotidiana de un municipio que el periodismo institucional no visita. Sus últimas notas antes del secuestro eran sobre huevos en mal estado que se vendían en Nanchital y sobre una familia que exigía al ayuntamiento cubrir gastos médicos por un accidente con una camioneta oficial. Periodismo ciudadano en su forma más pura y más expuesta.
Vale señalar el contexto político: Nanchital es gobernado por José Luis Pérez Salinas, de Movimiento Ciudadano, en tensión abierta con la gobernadora Rocío Nahle, quien en abril pidió al ORFIS revisar los salarios del cabildo —superiores al suyo en un municipio con enormes carencias. No se establece aquí ninguna causalidad que los hechos no hayan probado. Se señala el contexto porque el contexto importa, y porque la ciudadanía tiene derecho a orientar su propia lectura.
Veracruz es el pivote donde la transformación se juega en serio. No en los discursos sino en si una periodista que cubre con su teléfono los problemas de su colonia puede volver a su casa. Roxana Guzmán sigue sin aparecer.
