ECP*
Veracruz, con su geografía de mar, ríos y montañas, debería ser tierra de abundancia y prosperidad. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en escenario de asesinatos que se repiten con frecuencia alarmante, al punto de normalizarse en la conversación pública. Cada homicidio aparece en titulares locales y redes sociales, sacude por un instante la conciencia colectiva y, sin embargo, al cabo de unas horas queda absorbido por la vorágine de noticias y la resignación social. La violencia se vuelve paisaje, como si formara parte inevitable del estado.
La explicación fácil suele culpar al crimen organizado. Y es cierto: Veracruz ha sido corredor estratégico para cárteles, una franja de paso obligada entre el sureste y el altiplano, con puertos de salida y carreteras que atraviesan el país. Los homicidios tienen un sello inequívoco de ajustes de cuentas, de disputas territoriales, de control de rutas de droga y trata de personas. Pero esa narrativa, aunque verdadera, es insuficiente. Limitarse a señalar a los cárteles es eludir las causas más hondas de la violencia que carcome a la sociedad veracruzana.
La primera causa es la fragilidad institucional. Durante décadas, la policía estatal y municipal fue cooptada o debilitada hasta la irrelevancia. Hubo periodos en que el crimen organizado pagaba mejor que los ayuntamientos y el uniforme se convirtió en fachada para la extorsión. Los ministerios públicos, por su parte, han arrastrado una fama de corrupción e ineficiencia que genera impunidad casi absoluta. ¿De qué sirve denunciar si la carpeta nunca avanza, si los jueces liberan a los detenidos o si el miedo a represalias paraliza a las víctimas? El mensaje es claro: en Veracruz, matar sale barato.
Otra raíz está en la desigualdad social y la falta de oportunidades. La violencia no surge en el vacío: florece donde la pobreza empuja a miles de jóvenes a elegir entre migrar o enrolarse en economías criminales. Veracruz combina riqueza natural con marginación crónica: comunidades serranas sin servicios básicos, colonias urbanas sin empleo formal, familias que sobreviven con remesas. Allí los grupos delictivos ofrecen lo que el Estado no da: dinero rápido, identidad, un sentido de pertenencia. La consecuencia es un relevo constante de generaciones que engrosan las filas de la violencia.
A esta ecuación se suma la historia de gobiernos locales marcados por la corrupción. Basta recordar el sexenio de Javier Duarte, cuando se documentó la colusión entre autoridades y criminales, los desvíos multimillonarios y la manipulación de estadísticas sobre homicidios y desaparecidos. Ese legado de impunidad no se borra de la noche a la mañana: permea instituciones, erosiona la confianza ciudadana y alimenta la percepción de que la ley se aplica según conveniencias políticas.
No puede dejarse de lado el factor geográfico. Veracruz es una puerta abierta al Golfo de México, con puertos estratégicos como Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan. Esa condición lo convierte en enclave codiciado por cárteles que disputan rutas de exportación, contrabando de combustibles y tráfico de migrantes. La violencia no es sólo local: responde a dinámicas nacionales e internacionales que rebasan la capacidad del gobierno estatal.
La violencia en Veracruz también tiene un rostro cultural: el silencio impuesto. Comunidades enteras han aprendido a callar, a no preguntar, a evitar denunciar. El periodismo ha pagado un precio altísimo: decenas de comunicadores han sido asesinados o desaparecidos en la última década. Esa censura de facto crea una sociedad que convive con la violencia pero rara vez la enfrenta colectivamente. El miedo es parte de la vida cotidiana, y el miedo, cuando se normaliza, destruye el tejido social.
Reflexionar sobre las causas profundas de la violencia en Veracruz exige mirar más allá de la coyuntura. Los asesinatos son la punta visible de un iceberg hecho de corrupción, desigualdad, impunidad y abandono histórico. No habrá pacificación mientras no se reconstruyan instituciones confiables, se generen oportunidades económicas reales y se rompa el pacto tácito entre autoridades y criminales. Tampoco habrá cambio si la sociedad permanece resignada, tolerando que la sangre derramada se convierta en estadística.
Veracruz no es un estado condenado a la violencia, pero sí atrapado en un círculo que se repite desde hace décadas. La solución no vendrá de una estrategia militar improvisada ni de discursos de ocasión. Vendrá de políticas públicas que atiendan lo estructural y de una ciudadanía que exija sin miedo la rendición de cuentas. Mientras eso no ocurra, los asesinatos seguirán llenando titulares, las familias seguirán enterrando a sus muertos y la tierra generosa de Veracruz seguirá siendo escenario de tragedia.
En Veracruz matar sigue siendo barato. La impunidad, la pobreza y la corrupción han convertido la violencia en rutina. Romper ese círculo exige instituciones firmes y una sociedad que deje de callar ■
*Es Cosa Pública
