En Veracruz, las montañas suelen ser escenario de neblinas densas y caminos sinuosos. Pero en estos días también son escenario de algo más: un conflicto social que recuerda la fragilidad de la gobernabilidad cuando la justicia, la inconformidad y la violencia se entrecruzan. La noticia de una manifestación que derivó en enfrentamiento y persecución en la zona montañosa tras la detención de tres personas no es un hecho aislado: es un síntoma de la compleja relación entre la autoridad y la ciudadanía en un estado marcado por heridas profundas en su vida institucional.
El origen inmediato del conflicto fue la aprehensión de tres individuos —al ciere de edición no hay mayor información sobre los motivos de la detención—, lo que provocó la reacción de un grupo que, en vez de canalizar su inconformidad por vías legales, decidió salir a las calles, bloquear caminos y retar a la autoridad. Lo que pudo haber sido una protesta se convirtió en un choque, y lo que debía ser una operación de rutina se transformó en persecución. La narrativa oficial dirá que se trató de actos de resistencia ante la aplicación de la ley. La narrativa de los inconformes insistirá en que las detenciones fueron arbitrarias. Entre ambas versiones, queda un gobierno que, una vez más, se muestra vulnerable a la espiral de desorden.
Lo delicado no es sólo la violencia inmediata —los enfrentamientos, los heridos, el caos—, sino el desafío de fondo: cómo reconstruir una relación sana entre ciudadanía y autoridades de seguridad pública. Aquí radica uno de los grandes retos de los gobiernos de la Cuarta Transformación: corregir las décadas de distorsión institucional heredada del PRI y luego el prianismo, donde la corrupción, el clientelismo y la represión fueron norma. Ese cambio estructural no se logra de un día para otro; requiere tiempo, voluntad y una nueva arquitectura de confianza que se construya paso a paso.
En este esfuerzo, el nuevo poder judicial será determinante. Sin jueces independientes, sin procesos transparentes y sin rendición de cuentas, cualquier detención será percibida —con razón o sin ella— como producto de arbitrariedad. Y mientras esa percepción subsista, las protestas y los choques seguirán encontrando terreno fértil. Los gobiernos de la 4T han avanzado en desmontar viejos privilegios y en abrir espacios de legalidad, pero el rezago es profundo y la memoria de los abusos persiste.
El gobierno estatal, por su parte, se mueve en una cuerda floja. Por un lado, no puede tolerar bloqueos, persecuciones ni violencia contra las fuerzas del orden: hacerlo sería renunciar a la obligación fundamental de preservar la paz. Pero por otro lado, la represión abierta tampoco es salida: en Veracruz, la memoria colectiva guarda demasiados episodios de abusos policiacos y represiones sangrientas (como las desapariciones forzadas de Tierra Blanca en 2016, el caso de los jóvenes de Papantla en 2015 o las detenciones arbitrarias durante protestas magisteriales). La autoridad necesita actuar con firmeza, sí, pero también con transparencia. Explicar los motivos de las detenciones, garantizar el debido proceso y abrir los expedientes a la luz pública es lo único que puede evitar que la narrativa de la arbitrariedad gane terreno.
La lección es clara: cuando las instituciones se distorsionaron durante décadas, cualquier chispa puede detonar un incendio. Hoy, corregir esa herencia del prianismo es tarea central. Y aunque la 4T encabeza el intento de revertir esa historia, debe hacerlo consciente de que el tejido social no se recompone con discursos ni con operativos, sino con políticas de largo aliento, con una justicia cercana y con una seguridad pública que deje de ser percibida como enemiga y se convierta en garante de derechos.
Lo que ocurrió en la sierra veracruzana no es simplemente “una protesta que se salió de control”. Es un espejo incómodo de lo que ocurre cuando aún no se terminan de desmontar los vicios del pasado y cuando el proceso de transformación todavía está en marcha. El monopolio de la fuerza puede imponerse a balazos o con escudos, sí; pero el verdadero poder del Estado radica en la legitimidad de su justicia. Y esa legitimidad sólo será posible cuando el nuevo poder judicial y las instituciones de seguridad logren encarnar una relación distinta con la ciudadanía.
El episodio deja lecciones que los gobiernos no deberían desoír. Que cada detención sea legal, justificada y pública. Que cada protesta sea atendida con diálogo antes de convertirse en enfrentamiento. Que cada comunidad sienta que la ley es un escudo y no un garrote. Porque de lo contrario, los caminos de la sierra seguirán siendo escenario de persecuciones, y Veracruz seguirá pagando el costo de décadas de distorsión institucional que apenas comienza a corregirse. Pero también hay un horizonte esperanzador: Veracruz ya comenzó a sentar las bases de esa nueva relación entre ciudadanía y Estado. Un poder judicial renovado, políticas más abiertas y el compromiso de la 4T con la justicia social ofrecen la posibilidad de que estos episodios se conviertan en excepciones y no en la regla. Si la transformación se consolida, el estado podría pasar de ser símbolo de ingobernabilidad a ejemplo nacional de cómo se reconstruye la confianza ciudadana desde los cimientos de la legalidad.
