Marco Vinicio Saldaña Valero
La Transición democrática impulsada en el 2000 con la alternancia en el poder que llevó a la magistratura a Vicente Fox asomó cambios que consolidaron las reformas constitucionales y a las leyes secundarias que iniciaron en el gobierno de Miguel de la Madrid.
Esas reformas desestructuraron el Estado rector y dejaron las atribuciones del Poder Ejecutivo tan acotadas y sin esfera de competencia y responsabilidad.
Además, para el flujo de las regulaciones y operaciones realizaron cambios constitucionales y se establecieron normas y acuerdos que comprometían la soberanía nacional en la apuesta del concepto de política económica en que se fundamentaban, la sujeción a las reglas internacionales globalizaba al Estado; es decir, antes de tomar una decisión con base en nuestras leyes, estaban los acuerdos y convenios internacionales alienados al Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.
No se tenía contraparte y ni contrapeso. La hegemonía y concentración del poder estaban bien claras y establecidas. Por eso juristas como Héctor Fix-Fierro y Segio López Ayllón (2002) sostienen que “hubo un proceso de cambio jurídico de vastas dimensiones” y que “tal proceso no sólo ha traído consigo la modificación de la “infraestructura jurídica” (normas, procedimientos, instituciones), sino en nuestra opinión, dicho proceso también está teniendo un impacto profundo en los modos en que se produce y se legitima socialmente la regulación jurídica”.
Este planteamiento y sentencia que hacen los juristas en torno a que modificó los modos en que se produce y se legitima socialmente la regulación jurídica nos determina la envergadura del Estado de Derecho que se construyó y que hoy los mexicanos merecemos cuestionar en todos los términos si es que queremos recuperar la soberanía y la democracia con equidad y justicia social.
El argumento dogmático es que el diseño institucional implementado era resultado del fracaso de las medidas que en otro contexto, resultaron eficaces para sostener el proyecto nacional de la Revolución Mexicana.
De esta manera se abría paso el adelgazamiento del papel del Estado, la liberación comercial, la globalización económica y para efectos de contrarrestar el tufo autoritario, despótico y contribuir a darle el tiro de gracia al régimen político y económico se instrumentaron los órganos autónomos como una manera de darle un carácter gerencial al Estado mexicano y supuestamente crear una nueva expectativa que conculcaría la legalidad, la eficacia y eficiencia que había perdido el Poder Político y el grupo gobernante y con ello sembrar una nueva expectativa jurídica y de gobernabilidad.
El dar de baja los órganos autónomos no es un asunto menor porque no solamente se trata de que la instancia desaparezca sino que la facultad, función y atribución regresen al aparato que dirige el Ejecutivo y que ese aparato esté blindado para que la razón económica, social y política, a la vez que sean capaces de responder a pie puntillas al desarrollo económico, democratización de las instituciones, un ejército sin atribuciones en la seguridad interior, pero que sin desvío alguno sean inviolables, y si en su caso lo fueren, la tipificación del delito no abriera una puerta a la impunidad y el privilegio.
El aparato del gobierno requiere más que una lubricada, una reconceptualización y estructura de mando y operativa con una nueva vocación de servicio, eficiencia y eficacia, así como también de la recuperación en sus flujos organizacionales, mandatos con intervenciones sociales que sean la prueba de ácido para explicar y justificar la transparencia, así como mecanismos de rendición de cuentas rigurosos, en tiempo real, normalizadas en todas las instancias de gobierno.
El fantasma de la concentración del poder, la simulación, la corrupción y que el Estado no avance en la independencia del poder político del poder económico están allí; las fuerzas políticas de izquierda tienen que darle progresividad a este proceso y que, desde el gobierno y con la reforma del Estado, la distribución de la riqueza y la democracia, éstas no sean objeto de litigio porque resultan de del cuerpo constitucional que México aporta a la democratización del derecho.
La desaparición de los órganos autónomos enunciados en la iniciativa presidencial debe ser parte de un cambio jurídico de vastas dimensiones para constituir el Estado Social Nacional de Derecho.
