Ya habíamos dicho lo esencial: la UPAV no puede defenderse con propaganda ni condenarse con caricaturas. Su prestigio —controvertido desde el origen— se juega en un filo real: para miles fue una puerta educativa; para demasiados fue también un territorio fácil de captura administrativa. El problema no es el debate sobre su modelo: el problema es la posibilidad de que su aparato haya sido utilizado como máquina de extracción.
La nota de hoy agrava el cuadro: el caso ya no es un rumor local ni una disputa menor. Está en fase penal, con nombres, cargos y proceso; y lo más importante: con la señal de que se está mirando la dimensión estatal del asunto. Exrectoría, dirección administrativa y área financiera no son piezas periféricas, son el corazón de cualquier institución. Si ahí hay presunto peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias o ejercicio indebido del servicio público, entonces no estamos ante “errores”, sino ante una forma de gobierno interna: administrar la educación como botín.
El daño es doble.
Primero, el daño material: recursos que debieron sostener docencia, plataformas, sedes, personal, certificación y controles académicos, y terminaron —según la acusación— desplazados hacia circuitos ajenos al interés público.
Segundo, el daño simbólico: el golpe a la confianza. Y en educación, la confianza no es un adorno: es el suelo. Cuando se rompe, los títulos se vuelven sospecha, los egresados pagan un costo que no cometieron y un proyecto que pudo ser una herramienta de movilidad termina cargando un estigma.
Por eso el tema ya no puede tratarse solo como nota roja institucional. Tiene una derivación estratégica: ¿qué tipo de educación superior está produciendo el Estado cuando permite que una universidad —popular por vocación, masiva por alcance— opere sin blindajes suficientes contra la captura? Si la UPAV nació para ampliar acceso, entonces su obligación es ser más transparente, no menos; y su gobierno debe estar sometido a controles más severos, no a zonas grises. La masividad exige auditoría; la inclusión exige integridad.
Aquí hay una trampa política frecuente: usar el escándalo para matar el proyecto completo. Es cómodo, pero es irresponsable. Si hubo saqueo, la respuesta no es cerrar puertas educativas; es separar con bisturí: castigar a quienes convirtieron la institución en caja y reconstruir reglas para que no vuelva a ocurrir. De lo contrario, el castigo real cae sobre quienes no robaron: estudiantes, familias y trabajadores.
Y también hay otra trampa, igual de peligrosa: reducirlo a “manzanas podridas”. Tres o cuatro nombres no explican un deterioro sostenido. Si la acusación prospera, habrá que mirar redes, periodos, contratos, mecanismos de adjudicación, proveedores, flujos de dinero y protección política. La pregunta correcta no es solo “quién”, sino “cómo fue posible” y “quién lo permitió”. Porque cuando un desfalco se vuelve verosímil a gran escala, suele haber más de un escritorio involucrado: hay cultura administrativa, hay permisividad, hay impunidad.
La UPAV está en juego, sí. Pero más aún: está en juego la credibilidad del Estado en su capacidad de ofrecer educación pública ampliada sin convertirla en mercado negro de certificaciones o en botín burocrático. Si Veracruz quiere defender el derecho a estudiar como derecho real, no puede tolerar que el acceso masivo se pague con opacidad.
Lo mínimo exigible es simple y brutal: proceso penal sin show, reparación institucional sin simulacro, auditoría a fondo con resultados públicos y una reingeniería de control que blinde la universidad. Porque si el Estado no protege a la educación de sus depredadores internos, entonces la promesa educativa se convierte en otra forma de engaño: una puerta que se abre, pero a un edificio que por dentro ya estaba saqueado.
