Por Martha Elena Munguía Zatarain
Soy una voz más de las muchas que se han alzado en los últimos días para decir NO a la prórroga que solicita el rector, Dr. Martín Gerardo Aguilar, para continuar al frente de la Universidad Veracruzana y quiero sumar algunas reflexiones a las que ya se han hecho:
- El conflicto que ahora vive la Universidad debe resolverse al margen de los partidos políticos. No debemos permitir que se capitalice por ninguna de estas entidades políticas. Nos hemos manifestado en contra de la prórroga simpatizantes de todos los partidos y de diversos sesgos ideológicos. Y así debe ser: la vida universitaria es plural y diversa. La Universidad es también el espacio para la discusión de los distintos proyectos de país; no somos ni indiferentes ni ajenos a ellos, pero tenemos autonomía y podemos construir nuestro propio camino en la defensa de nuestra Alma Mater.
- Decimos NO a la prórroga a este rectorado porque una gran parte de la comunidad universitaria lo sentimos como una argucia ilegítima para evadir la ley mientras se pretende esgrimir la legalidad. También los usos y costumbres hacen leyes y esta salida por la puerta trasera no ha sido jamás usada. No hay reglamentación para el procedimiento al que se apela, lo que indica que no es una alternativa real. La Junta de Gobierno está haciendo verdaderos malabares para encontrar una salida que parezca legal.
- No se trata de un simple problema de edad. Nadie puede afirmar que un académico de 65 años no pueda ser capaz de conducir los destinos de la Universidad. El problema es que el rector actual pretende saltarse ese requisito sin más, que, lamentablemente, está consignado en la legislación. Podría haber acudido a otras formas para ampararse contra la supuesta discriminación, presentarse a competir en igualdad de condiciones con los otros aspirantes, pero no violentar de ese modo la legislación. Ser de edad avanzada no lo faculta para burlar la ley.
- Ha estado recurriendo a los medios oficiales para promover sus intereses particulares de prolongar su mandato. Basta con ver las páginas de la Universidad para constatar los llamados a respaldar su solicitud de prórroga, lo cual ya es en sí mismo una ilegalidad, como se asienta en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (“Las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el urso de los recursos públicos…”). Encima de todo, pretenden inhibir la libre expresión de inconformidad de cientos de universitarios con amenazas más o menos veladas. Hay varios testimonios de este actuar.
- Él y su grupo se han detentado como poseedores de la verdad en la evaluación de su propia gestión y publican supuestos logros que no son resultado de sus esfuerzos, sino de todos los universitarios y a veces, a pesar del peso de la burocracia que recae sobre los académicos. Se han dificultado todos los trámites que debemos hacer, por ejemplo, para contar con becarios o para acceder a apoyos para la investigación. Se intenta reducir la vida de los académicos solamente a la tarea de informar en múltiples formatos, y parece tener mucho más valor el informe que el resultado obtenido en las aulas y en los laboratorios de investigación, sin que haya ningún proyecto para racionalizar esta tremenda actividad burocrática.
- No ha hecho la actual administración un trabajo excepcional para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de la Universidad, como lo están afirmando en la exposición de motivos para continuar otro periodo. Hemos sido testigos de resoluciones arbitrarias como la extinción de un Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, a la vez que anuncia la creación de otro sin justificación académica, sin perfil propio porque repite lo que ya se hace en otros centros e institutos y sólo parece obedecer al compromiso de pagar favores: se crea el Centro de Investigaciones en Humanidades Ambientales, Artes y Literatura, cuando la Universidad ya tiene un Centro de Ecodiálogo, un Centro de investigación en Artes y un Instituto de Investigaciones Literarias.
- Resultan poco claros algunos de los puntos considerados en el plan de trabajo que llevaría adelante de concedérsele un segundo periodo: por ejemplo, el que se refiere a “gestión de crisis”, en el que se establece que se “desarrollarán protocolos de actuación ante situaciones de crisis (comunicación de incidentes, manejo de rumores, voceros oficiales)…” ¿a qué se refiere? Por otro lado, muy poco apunta sobre la necesidad de revisar y adecuar el MEIF, entre otros enigmas que surgen de su plan de trabajo.
- Finalmente, y no menos importante: es preocupante que la Junta de Gobierno haya abierto un proceso de consulta para ver si se aprueba o no la prórroga solicitada, con lo que nos pone a los universitarios ante una trampa: si participamos, avalamos la legalidad de esta consulta que a todas luces no está sustentada en ninguna legislación; si no lo hacemos, dejamos el espacio abierto para que salgan a declarar unanimidad incontestable a favor de la solicitud de prórroga.
Por las razones anteriores, parece sumamente grave la situación en la que las actuales autoridades colocan a la Universidad. Por la salud de la Institución y la buena marcha de los proyectos de docencia, investigación y difusión de la cultura, la Junta de Gobierno debe considerar con mucha seriedad y responsabilidad su decisión que ya parece tomada de otorgarle ese segundo periodo.
Dra. Martha Elena Munguía Zatarain
Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias
Sistema Nacional de Investigadores/as, nivel III
Xalapa, Veracruz. Junio de 2025
