El aumento al costo del transporte urbano en Coatepec abrió una grieta que no es menor: la distancia entre la autorización formal de una política pública y su aplicación real en el territorio. Mientras el gobierno del estado fue claro al señalar que el ajuste tarifario se autorizó únicamente para Xalapa, en municipios vecinos comenzaron a registrarse incrementos de facto, aplicados por concesionarias que operan en más de una demarcación y que trasladaron el aumento sin autorización explícita.
Ante este escenario, el alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, anunció que dialogará con las cooperativas de transporte público para conocer las razones del incremento. El anuncio es pertinente, aunque insuficiente. No se trata sólo de conocer el porqué del aumento, sino de restablecer el principio de legalidad: ninguna tarifa puede modificarse fuera del marco autorizado, independientemente de las presiones económicas de los concesionarios.
La gobernadora Rocío Nahle García fue explícita: el ajuste al pasaje urbano se aprobó exclusivamente para la capital del estado, Xalapa, tras una revisión financiera derivada del incremento al salario mínimo y del desfase inflacionario acumulado. El aumento pasó de 9 a 13 pesos para la población general y de 6 a 7 pesos para estudiantes y adultos mayores, bajo el argumento de que varias unidades estaban fuera de circulación por inviabilidad económica. La decisión, correcta o discutible, fue acotada territorialmente.
El problema surge cuando concesionarias como Autotransportes La Azteca —que operan tanto en Xalapa como en Coatepec— extienden el aumento de manera unilateral, trasladando el costo hasta en cinco pesos por persona en un municipio donde no existe autorización oficial. Eso no es ajuste técnico: es abuso operativo. Y no es un detalle administrativo: es una afectación directa al ingreso cotidiano de miles de personas.
Es cierto que la regulación del transporte público no es competencia municipal. Pero también es cierto que los ayuntamientos no pueden permanecer como espectadores cuando una decisión estatal es ignorada por actores privados que prestan un servicio concesionado. El transporte urbano no es un mercado libre: es un servicio público esencial, y como tal, está sujeto a reglas claras.
Aquí hay un punto de fondo que no puede evadirse. Si el aumento está justificado en Xalapa por costos operativos, inflación y salario mínimo, entonces debe existir una ruta institucional clara para evaluar su pertinencia en otros municipios. Lo que no puede ocurrir es que esa evaluación sea sustituida por hechos consumados. La política tarifaria no puede convertirse en una decisión fragmentada por concesionaria, porque eso erosiona la autoridad del Estado y castiga al usuario.
Coatepec no es un apéndice administrativo de Xalapa. Tiene dinámicas propias, ingresos distintos y una población que ya enfrenta presiones económicas suficientes. Permitir aumentos no autorizados sienta un precedente peligroso: hoy es el transporte, mañana cualquier otro servicio concesionado podría operar bajo la lógica de “si pasa en un lado, lo aplico en todos”.
El diálogo anunciado por el alcalde es necesario, pero debe ir acompañado de algo más: claridad pública, exigencia de cumplimiento y coordinación efectiva con el gobierno estatal. No para confrontar, sino para ordenar. La legalidad no se negocia; se cumple.
Porque cuando las reglas se vuelven opcionales para quienes cobran, el costo siempre termina pagándolo la ciudadanía. Y ese sí, nunca es inflacionario: es social.
