Marco Vinicio Saldaña Valero
La garantía para la democracia sucesoria en las representaciones populares en el país es esa referencia que en tres ocasiones ha expresado la virtual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum: la distancia entre el gobierno y su partido. Si esa distancia no es marcada, el régimen de partidos se socava y quien se instala en el poder tiende al partido único, al pensamiento único, al patrimonialismo y al corporativismo, que representa durante toda su vida el Partido Revolucionario Institucional. La distancia es un asunto difícil de concretar en nuestro país cuando la lucha democrática da la impresión de que retira del campo de juego a los ciudadanos y ciudadanas y pone en el terreno a los poderes mediáticos y fácticos.
La democracia en los partidos es una asignatura pendiente; estos son gerenciales donde determinan la vida política y las decisiones los poderes fácticos, alrededor de los cuales los grupos de interés dentro de los partidos tejen sus relaciones para construir escenarios que les permitan obtener triunfos y posiciones para su reproducción y mantenimiento de las posiciones de poder. Los partidos y grupos de interés alejan al partido de la militancia y de la vida orgánica y prevalece en la organización un aparato con el único fin de llegar a las próximas elecciones constituyendo una burocracia que raya en el parasitismo, el cinismo y la carencia de ética política, pero no exenta de oportunidades para que se mantengan al frente de las organizaciones, empobreciendo el avance democrático.
Cuando son el partido en el poder, se les olvida que deben mantener un activismo organizado para elaborar análisis, realizar propuestas y avanzar con el gobierno del partido, impulsando proyectos y correcciones a las políticas públicas que implementan; o sea, ejercer la crítica y autocrítica. Nunca conocí de algún morenista algún análisis valorativo del INSABI, de su arquitectura y las posibilidades de alcanzar los objetivos planteados en la Constitución, por el Gobierno y en el programa del partido. Esa actitud aunada al propósito de alcanzar una posición en la administración pública y de vincular los intereses personales, desde el gobierno hacia el partido y viceversa, genera una secuela de situaciones en las dos esferas que corren por la vía de la corrupción, simulación, complicidad, ineficiencia e ineficacia en las actividades que se encarguen o les encarguen realizar.
El daño resulta sin límites porque esa clase política, esa clase gobernante, tiene en sus manos las dos caras de Jano que se vuelven tentaciones para ocupar en caso de que la permanencia en el poder esté en peligro, como en su momento lo hizo el PRI en el 68 y 71, y además la independencia relativa del Estado la fue escatimando para obtener vínculos con el poder económico que les permitía enriquecerse en lo personal a distintos cuadros de la administración pública.
Un régimen de partidos forma parte de una formación social y política que básicamente aprecia la condición de pluralidad, contienda entre opositores, clases sociales, intereses sobre la política dependiendo de la clase social, visión del poder político y del Estado y un modelo de acumulación y dominación capitalista.
Estas deben ser algunas premisas de las que debe partir el progresismo para garantizar el proyecto de transformación democrática, porque en esta democracia de los votos nada está dicho y se requiere, por lo tanto, un nuevo modelo de Estado, democracia en los partidos, elaboración y desarrollo de un entramado cultural entre las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil que les permita, consolidar, por lo menos al progresismo, las bases sociales que mantengan un escalamiento, consciente políticamente, al lado de lo que en síntesis se identifica como el nuevo Estado de Derecho.
En este sentido, si el partido Morena quiere ser un partido, debe decidir si, al aceptar el carácter de partido gerencial, acepta que esté dirigido por grupos de interés que llegan a acuerdos de gobernabilidad con los grupos que detentan la hegemonía en el país.
También, cuando la palabra diálogo implica una barrera donde persiste la actitud del ciudadano de agachar la cabeza, como se dice comúnmente, o de quien está en el poder considerar que cualquier razón al otro es pérdida de autoridad o de espacio.
Entre la burguesía, las cosas no pintan diferente a pesar de que el modelo de acumulación ya ha dado de sí y después del proceso de desincorporación de empresas públicas, las asociaciones sector público y privado son expresiones natas del capitalismo de cuates, como también este esquema que se encontró en la administración pública federal de concesionar la infraestructura hospitalaria, carretera, ferroviaria, en afores, etc. La preocupación tiene fundamento cuando las dirigencias o burocracias de los partidos políticos son agentes subalternos de gobiernos o de empresarios y al interés general no le tienen consideración, que, por cierto, materializado en el Estado actual debe continuarse con la transformación democrática generando condiciones para que, más allá de regresar al nacionalismo planteado en el 17, y el que trajo el milagro mexicano, tenga capacidad de garantizar por encima de los cambios sexenales, políticas públicas de bienestar social, preservación y desarrollo sustentable, cuidado de medio ambiente, saber o conocimiento científico en todos los sectores de la sociedad, como también blindar un presupuesto visible y transparente para los pueblos indígenas y finanzas públicas con una política fiscal flexible que en toda coyuntura tenga capacidad de atemperar los efectos de las crisis cíclicas del capitalismo, mantener el Estado de Bienestar sin que el capital financiero, corporativo, industrial y comercial resulten los beneficiarios de las mismas.
Lo anterior significa democratizar la Constitución y el marco normativo otorgándole al modelo basado en el interés general del Estado Mexicano el mismo mandato que se le da a las religiones en el Artículo 24 que a la letra dice: “El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.” Y en su caso diría: los derechos sociales, las políticas públicas y criterios en materia fiscal y presupuestales, el Congreso no puede dictar leyes y modificaciones a la Carta Magna que la contravengan.” Por lo tanto, que los partidos políticos sean democráticos y que las tentaciones autoritarias no se abran paso, es un cambio sustancial en el país. Ojalá que no se repita el “ritus” en la designación de quien estará en la Presidencia de Morena y seguro que será un mensaje a la sociedad que marcará un hito en la historia política nacional y anunciará un ingrediente significativo en la calidad de la democracia política mexicana.
