Este miércoles, Amnistía Internacional pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador acabar con la militarización de México. En la misiva, enviada en conjunto con 23 organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron al mandatario un encuentro presencial con representantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, ante el riesgo para el ejército y la defensa de los derechos humanos que implica la militarización del país.
Amnistía Internacional y las organizaciones, activistas, especialistas independientes y de la academia que conforman el colectivo #SeguridadsinGuerra dijeron estar “convencidos de que las políticas de seguridad pública deben estar a cargo de instituciones civiles y no militares”.
La organización recordó que del 15 al 26 de noviembre de 2021, México recibió al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Tras la visita, el comité reportó que el enfoque de seguridad adoptado por el Estado Mexicano hace tres décadas ha estado centrado en combatir la delincuencia, lo cual consideraron insuficiente e inadecuado.
El informe recomendó al gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública, instando a abandonar el enfoque militarizado.
La organización enfatizó que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la naturaleza de las fuerzas militares se orienta a “derrotar al enemigo”, y no a la protección y control de civiles.
“Nos dirigimos a usted (López Obrador) para solicitarle un encuentro presencial con representantes de nuestras organizaciones en vista de la situación actual de alto riesgo para el ejercicio y defensa de los derechos humanos que representa la militarización de nuestro país”, concluyó la carta.
En la misiva lamentaron la opinión del presidente AMLO frente a la labor del comité, que dijo que actuó sin “apego a la verdad”.
Finalmente señaló que, contraria a la opinión del presidente de que el ejército ya no se utiliza para reprimir a la población, se ha documentado la participación de militares, incluida la Guardia Nacional, en casos de tortura, represión, desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos.
