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Sobre la sucesión rectoral en la UV

Por Adalberto Tejeda Martínez

A escasas semanas de que aparezca la convocatoria para la renovación de la rectoría de la Universidad Veracruzana, conviene considerar tres principios básicos que probablemente guiarán a la Junta de Gobierno, encargada de designar a quienes encabezarán por cuatro años la rectoría y las secretarías Académica y de Administración y Finanzas.

El primero es el de la estabilidad. Después de tantos años en que ni una tímida brisa ha perturbado la paz interior de la UV, hay que recordar que la estabilidad no está comprada. A finales del siglo pasado, una huelga estudiantil paralizó a la UNAM de abril de 1999 a febrero del año 2000. La Universidad Autónoma Metropolitana en 2008 tuvo una huelga de trabajadores manuales y académicos por dos meses, y en 2019 una por tres. Es decir, que no hay universidades públicas vacunadas contra los conflictos que pueden detener sus labores durante varias semanas, ya sea motivados por inconformidades estudiantiles o laborales, o ambas, a veces aderezados por intereses externos a las instituciones.

Entonces, la Junta de Gobierno verá, o es de esperarse que vea, como primer punto, quién garantiza esa estabilidad. Es una visión muy conservadora, pero las juntas de gobierno, casi por definición, lo son.

El segundo es el de la autonomía universitaria, ahora tan menguada desde adentro y tan despreciada por el gobierno.

Entre los universitarios la autonomía va desde la incredulidad y el desdén, hasta la confusión de autonomía con coto y deseo de extraterritorialidad, pasando por una gruesa capa que es indiferente al tema y un delgado sector que la medita para aquilatarla.

La autonomía es para el autogobierno, la libertad académica, el ejercicio presupuestal responsable que conlleva la rendición de cuentas. Es vulnerable –y ha sido vulnerada– por los deseos de la partidización universitaria que se asoman en varios dirigentes políticos, pero también por intereses económicos ilegítimos que, frotándose las manos, rondan el presupuesto universitario, y por todos quienes cómodamente están alejados del ejercicio responsable de la academia.

Una forma más de menguar la autonomía universitaria es la pretensión de cooptar, en vez de convencer, a sectores de la comunidad universitaria para manifestarse en torno a tal o cual aspirante a la rectoría. Las viejas prácticas –más que vigentes en la política partidista– de la cargada y la manipulación, en el caso universitario son una forma certera de minar la tal autonomía.

Otro asunto a considerar es el procedimiento legal y legítimamente instaurado para que la Junta de Gobierno sopese su decisión. Hay una confusión entre la auscultación académica que realizará la Junta de Gobierno, y una campaña electoral. Habrá quienes lejos de promover la discusión de propuestas en un ambiente universitario, empujarán a sus “simpatizantes” al lodazal de los estilos partidistas. Ni modo; la Junta de Gobierno no es un instituto electoral, y con seguridad tendrá presente que la auscultación es una búsqueda de calidad argumentativa y no de cantidad abrumadora.

Investigador y exintegrante de la Junta de Gobierno de la UV.

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