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Maíz: acoso interno y externo

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El juzgado décimo segundo de distrito en materia civil, a cargo de Víctor Miguel Bravo Melgoza, rechazó una demanda colectiva que busca frenar la siembra de maíz transgénico. Aunque el fallo será apelado por los integrantes de la campaña Sin maíz no hay País, constituye una nueva muestra del alineamiento de la mayor parte de los togados con intereses empresariales contrarios al bien público, y resulta particularmente lamentable en el contexto del Día Nacional del Maíz, que se conmemoró el viernes.

Mientras los activistas a favor del alimento ancestral lamentaban la decisión del juez Bravo Melgoza, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anticipó que será en marzo de 2024 cuando se presente el dictamen del panel de solución de controversias que Estados Unidos y Canadá pidieron bajo el T-MEC con la finalidad de revertir la prohibición de maíz transgénico que implementó el actual gobierno federal.

Debe recordarse que este veto responde a la doble necesidad de cuidar la salud humana frente a productos cuya inocuidad se encuentra en entredicho, así como de proteger las variedades de maíz nativo del riesgo de ser remplazadas por semillas de patente y de encarar la extinción, eventualidad que representaría una pérdida irreparable para el legado cultural de los pueblos originarios y un golpe a la soberanía alimentaria de todo el país.

De este modo, el alimento más emblemático de México, base de nuestra gastronomía, nuestra cultura culinaria e incluso de nuestra identidad nacional se ve amenazado desde el exterior por el gobierno estadounidense, que cabildea con franca agresividad a favor de las grandes trasnacionales, sin reparar en los daños multidimensionales que éstas ocasionan en su persecución incesante del lucro; y desde el interior por un Poder Judicial apátrida, entregado a los intereses corporativos y adverso al bien ecológico, a la salud de los mexicanos, a la vida campesina y a la preservación de nuestro patrimonio biocultural.

Es necesario recalcar que la oposición a los organismos genéticamente modificados (OGM) no es una romantización del pasado ni mucho menos un reflejo anticientífico, sino una postura ética y racional basada en datos. Los transgénicos y su inseparable acompañante, el régimen de monocultivo, son verdaderas armas de destrucción masiva contra la biodiversidad vegetal y animal: está probado de sobra que allí donde se imponen los OGM decae de manera catastrófica el número y la variedad botánica y zoológica.

Esto es así no sólo porque la rentabilidad de dichas mercancías requiere la siembra de vastas superficies en donde es exterminada toda la vida silvestre, sino porque la concentración de una sola especie vegetal conduce al surgimiento de plagas que son combatidas con químicos tan lucrativos para sus fabricantes como tóxicos para insectos, aves, mamíferos y el propio ser humano.

Si a lo anterior se añade que el agronegocio está concentrado en un puñado de megacorporaciones que acaparan tierras a nivel global, desplazan a las familias campesinas y usan su poder monopólico para imponer precios, queda claro que la defensa del maíz nativo es un verdadero asunto de supervivencia.

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