La presentación hecha ayer en la conferencia matutina por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre los resultados de la estrategia de seguridad no fue un ejercicio retórico ni un gesto de propaganda. Los datos mostraron una reducción sostenida de los homicidios dolosos que, medida en términos comparativos, no tiene precedente reciente. La caída es significativa frente a los picos registrados en la última década y apunta a una tendencia que, de mantenerse, marcaría un punto de inflexión en uno de los problemas más graves del país.
Para valorar correctamente estos resultados es indispensable abandonar la lectura simplista por sexenios aislados y observar la trayectoria completa de la violencia en México. El ciclo contemporáneo de homicidios tiene un origen claro en la decisión tomada por Felipe Calderón de militarizar la seguridad pública y declarar una guerra frontal al crimen organizado sin inteligencia suficiente, sin control territorial efectivo y sin instituciones de justicia capaces de procesar el conflicto. Aquella estrategia desató una guerra intestina, fragmentó a los grupos criminales y normalizó niveles de violencia que el país no había conocido.
Lejos de corregir ese rumbo, el gobierno de Enrique Peña Nieto administró esa violencia con cambios cosméticos y una narrativa de distanciamiento que nunca se tradujo en una transformación real de la estrategia. La militarización continuó, los homicidios repuntaron de manera sostenida y el Estado perdió control efectivo en amplias regiones del territorio. Al final de ese sexenio, México acumulaba ya más de una década de violencia estructuralizada.
En ese contexto llegó al poder Andrés Manuel López Obrador. Es indispensable precisarlo: AMLO no inició el ciclo de violencia ni lo agravó deliberadamente. Heredó una dinámica de guerra intestina abierta y normalizada durante doce años. Lo que su gobierno hizo no fue revertir de inmediato una inercia tan profunda —algo inviable en términos históricos— sino contenerla, estabilizarla en lo posible y evitar su expansión exponencial. Al mismo tiempo, desplazó el eje de la política pública hacia el ataque de las causas estructurales de la violencia: pobreza, exclusión, abandono territorial, ruptura del tejido social y captura económica por parte del crimen organizado. Esa estrategia no produjo resultados espectaculares a corto plazo, pero sí logró frenar la escalada continua heredada de los sexenios anteriores.
Sobre esa base avanza ahora el gobierno de Sheinbaum. La reducción actual de homicidios no surge en el vacío ni por generación espontánea. Es el resultado de una estrategia acumulativa: estabilización previa, mayor coordinación institucional, uso más fino de inteligencia y continuidad en la política social. Sheinbaum gobierna sobre un terreno donde la violencia dejó de crecer de forma descontrolada y comienza, por primera vez en muchos años, a retroceder de manera consistente.
Todo esto ocurre además en condiciones externas profundamente adversas. El flujo constante de armas de alto poder provenientes de Estados Unidos sigue alimentando la letalidad del crimen organizado en México. Ese contrabando persiste no por incapacidad técnica, sino por una razón política estructural: el sistema político estadounidense, tanto demócrata como republicano, recibe financiamientos significativos del lobby armamentista, lo que bloquea cualquier acción real para frenar la exportación ilegal de armas hacia el sur. México enfrenta así una violencia armada alimentada desde el exterior sin corresponsabilidad efectiva del país de origen.
A partir de ahora, el debate ya no es si la violencia puede bajar, sino quién está dispuesto a asumir el costo político de sostener una estrategia que privilegie la vida por encima del espectáculo, la estadística por encima del discurso y el Estado por encima de la guerra.
