Recientemente se publicó la propuesta de La Nueva Ley General de Aguas (NLGA) y de entrada tiene un error fundamental de ética, al referirse estrictamente que el agua es un “Derecho Humano”. No lo es. El agua en el planeta no es necesaria únicamente para la vida de los humanos, sino es un líquido vital para toda la vida en el planeta que incluye también los ecosistemas y la biodiversidad. El problema de la crísis hídrico afecta indudablemente a todos los seres vivos y a la generación, conservación y restauración de los cuerpos que proveen los recursos hídricos.
La propuesta de la Nueva Ley General de Aguas, prioriza intereses privados sobre el públicos, viola el derecho no solamente humano al agua, sino a los ecosistemas y a la biodiversidad; recordemos, no somos la única especies importante en el planeta. De igual manera, menciona al saneamiento pero no especifica detalles sobre la infraestructura para el saneamiento en sí misma. Aquí hay un punto que requiere discusión: la agroindustria y la minería, no sólo porque la primera está utilizando alrededor del 78% del agua disponible en el país (que particularmente en el Estado de Colima es de 92%), sino también por la contaminación que está emitiendo tanto en cuerpos hídricos, como el aire. La salud ambiental y la salud de los seres vivos se está viendo sumamente afectada, a tal nivel que Colima en particular posee los primeros lugares en cánceres (cerebro, mama, próstata, leucemia infantil linfoblástica), así como otras enfermedades.
En cuanto a Soberanía sobre las Aguas Nacionales, la NLGA en México propone que exista soberanía estatal sobre el agua al reafirmar que no es una mercancía y su gestión debe ser exclusiva del estado, reforzando el control estatal sobre el recurso. Dar el poder al gobierno estatal, elimina la transmisión de derechos entre particulares, especialista y sociedad, dejando de lado el priorizar el uso doméstico y ambiental, y menciona además que establecerá sanciones más severas para quienes contravengan estas disposiciones, sin comentar cuáles serían éstas. Peor aún, se debilita a los consejos de cuenca al no darles poder de decisión vinculante y ha sido criticada por la falta de claridad en la interpretación administrativa y la necesidad de asegurar un proceso legislativo participativo. Sobre este tema, en que se dará al estado total responsabilidad sobre el recurso hídrico, vale la pena mencionar nuevamente como ejemplo al Estado de Colima, en el cual se utiliza más del 90% del agua para uso agroindustrial. Sin considerar (por no estar monitoreado) el consumo de uso de agua para fines mineros, y en este caso en particular debe resaltarse que alrededor del 42% del territorio estatal está concesionado a minería. Un factor más que afecta a la salud humana y de la biodiversidad y sus ecosistemas.
La opinión crítica de especialistas de diferentes sectores menciona que no debe dejarse a los estados la responsabilidad del agua en su totalidad, más aún cuando las concesiones están totalmente irregulares. Antes de hablar en la NLGA sobre “corrupción en las concesiones”, debe regularse y actualizarse de manera estricta el patrón de concesiones que existe en la actualidad y no dejar la responsabilidad total a los estados puesto que ello debilitará a los consejos de cuenca, al no darles poder de decisión vinculante. También, es necesario que exista claridad en la interpretación administrativa y la necesidad de asegurar un proceso legislativo participativo.
Asimismo, debe alertarse sobre la nueva ley, en términos de que no resolverá la crisis hídrica del país, si no decide regular el uso del recurso en fines agroindustriales, ganaderos y mineros y crear un programa de gestión integral del recurso. Me parece que esta propuesta de ley no está priorizando la preocupación por el riesgo de pérdida o distribución para las comunidades rurales que están siendo sumamente afectadas por familias y productores que reciben beneficios enormes sin siquiera proponer alternativas de conservación, restauración, ni costos de compensación. ¿Dónde se especifica en la NLGA, los beneficios a las comunidades indígenas, por ejemplo?
Es importante señalar también, que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de otorgar en el presupuesto asignado a CONAGUA y al IMTA incrementos, así como a la SECIHTI para desarrollar ciencia y tecnología ad hoc a la severa crisis hídrica de nuestro país. En el presente, estas instituciones no solamente no han aumentado, su presupuesto sino que han disminuído, descuidando áreas como la prevención de desastres y la investigación. Se requiere también de líderes en las instituciones, preparados en el tema hídrico, no políticos exclusivamente. El actual Director de CONAGUA, es abogado de profesión y ha ocupado cargos públicos en la política, no tiene el conocimiento ni el liderazgo para el reto ante la crisis hídrica en México, y en Protección Civil se encuentra una Licenciada en Artes; en ambos casos no es una crítica a sus especialidades, sino a los cargos de enorme envergadura y a las reponsabilidades que deben aumir. Recordemos la agudeza que escuché mencionar al Filósofo español, Fernando Savater, tan acertadamente: “Corrupción no es únicamente robar, sino aceptar cargos para los que no se tiene conocimiento”.
En resumen, me parece muy atrevido e irresponsable, el apresuramiento en la discusión de La Nueva Ley General de Agua. Se requiere una discusión seria y participativa de los diferentes sectores de la sociedad y gobiernos, una democracia exige el dar suficiente tiempo para la participación de todos los sectores involucrados y de los especialistas en este tema fundamental para la vida de todos los seres vivos, insisto, no solamente humanos. Una propuesta es la que muestro a continuación, propuesta que vale la pena ser considerada si realmente hablamos de democracia.
1Profesora e Investigadora
Universidad de Colima
[email protected]
