Marco Vinicio Saldaña Valero
Al ciudadano de todas las clases sociales le pasa por el pensamiento variadas percepciones y emociones en su relación con el poder político.
Difícil es negar esa vorágine, que es mayor o menor, en la medida que el proceso de acumulación capitalista y lo que ha tocado con su mano el capitalismo consolida en la micro y macro historia de los encuentros entre el poder político y la sociedad civil.
La encuesta de satisfacción sobre el papel cumplido por el gobierno resulta un debate que se interioriza en los ciudadanos y el grupo gobernante actual como garante de los derechos ciudadanos y de la contra concepción neoliberal que simboliza éste círculo de poder que, con contradicciones asoma un proyecto que se trata de traducir en la acción estatal para atender los desastres de las cuentas ecológicas, sociales, urbanas, regionales, desarrollo económico y principalmente el Poder y las relaciones que emanan de la formación política, económica, social establecida en el Estado mexicano.
La clase política en el poder político transformada en grupo gobernante, nos tenía acostumbrada a una oferta de campaña y a un plan de gobierno con orientación opuesta a las propuesta electoral, por lo que el conjunto de puntos que propuso Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, hoy se plantea que solamente son realizables, entre otras reformas no menores como ejes para pensar y construir una reingeniería en el aparato gubernamental.
Siempre he sostenido que debe haber tanto gobierno como sea necesario y que las desigualdades sociales traen crecientemente una pérdida terrible de lo público y que lo privado gane terreno, por lo cual el gobierno, intervenido por la visión empresarial y los mismos empresarios de todos los sectores económicos, reciban bienes y servicios a precios irrisorios, como un puente en el plan de negocios de los otros.
A esta visión se trata de contraponer políticas públicas que recuperen lo público amplíen y fortalezcan los derechos de los veracruzanos. Identifico, para tal efecto, que un gobierno que tenga el propósito de recuperar lo público tiene la tarea de llevar a la administración pública a profesiones de Trabajo Social, Pedagogía, Medicina, urbanismo y psicología como las instrumentadoras de una gran movilización por construir ciudadanía y otro entorno social y cultural en la entidad con la participación activa de la población.
La Universidad Veracruzana tiene, en este sentido, cuadros y egresados formados en una escuela progresista que deben volcarse como servidores públicos a emprender el plan de gobierno para este sexenio que ha sembrado mucha esperanza en las diferentes regiones de la entidad.
No necesitamos que la burocracia se coma los recursos presupuestales y ni tampoco que se constituya una élite de funcionarios y abajo, por la cadena de mando, un ejército de empleados mal pagados por problemas de centralismo carezca de los recursos para desempeñar su cargo. Tampoco necesitamos la reducción de personal y que finalmente el presupuesto asignado a la burocracia no tenga un decremento porque fueron reasignados los recursos al personal de dirección.
Así mismo, los planes de gobierno deben comprometer recursos municipales, aunque laterales, que permitan la constitución de una cadena de servicios y bienes públicos que contribuyan al desarrollo social y económico.
También, debe fortalecerse, transversalmente, un plan que configure en las regiones indígenas nuevas condiciones en materia de educación, salud, vivienda, agua, apoyo a la inversión en el campo promoviendo, en este último caso, la asociación comunitaria para la producción y que la distribución y comercialización se realice con el apoyo de todas las instancias públicas posibles para la comercialización.
En el caso de la seguridad pública los acuerdos con los gobiernos colindantes deben ampliarse a grupos de trabajo que operen en el marco de las transversalidad interinstitucional para atender las causas e incentivar la economía y el empleo, entre otros.
La disciplina fiscal es un asunto que rebasa cualquier mala intención en el ejercicio presupuestal, más cuando desde el gobierno se dice que siempre hay cosas que deben esperar, por lo que no se puede dar un paso adelante o superar condiciones sociales y regionales que reflejan los desequilibrios existentes en la entidad, sin una dirección correcta y manejo eficiente, eficaz y con honradez del presupuesto que se ejerce.
Un factor central que se plantea en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la digitalización que, en el caso de Veracruz, por la escasez de recursos y la brecha digital existente no resulta un perfil objeto de impulsar como dice la justificación de la iniciativa federal, ya que las condiciones en que la población interactúa con las dependencias son desiguales, antípodas.
Es procedente, sí, apostar por un convenio con la dependencia federal Agencia de Transformación digital y Telecomunicaciones que permita desarrollar aquellas operaciones que puedan tener una amplia cobertura y mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas porque lo que se necesita es una gestión estatal con mujeres y hombres de carne y hueso en toda la geografía y regiones del Estado.
