Recomendaciones para la fiscal
Tulio Moreno Reyes
Con el inicio de las comparecencias de las personas titulares de los organismos autónomos estatales ante el Congreso del Estado, la Fiscal de Veracruz volvió a enfrentarse a la opinión pública, pese a que tras el cambio de administración metió la cabeza en la tierra y redobló sus esfuerzos por blindarse en el refugio autónomo de la institución que tiene bajo su cargo, como lo denotó la manifestación de los colectivos de familiares de desaparecidos a los que no atendió y se quedaron fuera del recinto, reclamando la falta de resultados.
Ahí dentro, ante la comisión legislativa, Verónica Hernández Giadáns, titular del organismo autónomo que ejerce el mayor presupuesto y representa la abogacía del Estado, lo que hizo fue justificarse: habló de la disminución de delitos —lo cual no le corresponde, sino investigar y acusar presuntos delincuentes—, así como también presentó un cuadro que su equipo le preparó para justificar por qué no atiende las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, especialmente de la estatal, la cual le ha extendido 57 tan solo en 2024.
El argumento fue no solo remontarse a un concentrado con datos hasta de la extinta Procuraduría, con lo que pretendió excusar que muchas recomendaciones contra violaciones de derechos humanos por parte de la Fiscalía vienen de antes. A eso añadió que no son vinculantes, así que, según entiende, son nomás para tomarlas en cuenta.
Pero, lo más lamentable, la Fiscal afirmó que “los derechos humanos no constituyen un monopolio constitucional de una sola organización”. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que entonces las instituciones son libres de interpretar y abordar el problema de los derechos humanos conforme les parezca? ¿Ignora Verónica Hernández que las recomendaciones son pronunciamientos públicos resultantes de una investigación por violaciones a derechos humanos, que dan cuenta de casos donde hubo daño a la integridad y las dignidades básicas que debemos esperar todas las personas?
También fue el turno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de rendir cuentas ante la Legislatura estatal. Como corresponde, pues es tal el diseño operativo de este organismo, la tirantez con la Fiscalía ante la actitud expuesta se hizo manifiesta: la presidenta de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez, aclaró que el rechazo de las recomendaciones afecta gravemente a las víctimas, privándolas de verdad, justicia y reparación del daño, pues se trata de violaciones como tortura, discriminación, desaparición forzada, así como transgresiones a la seguridad jurídica y personal, las que van en las recomendaciones.
Ambas comparecencias están muy ligadas, pues a la Fiscalía le toca la procuración de la justicia en Veracruz, pero si es una de las instituciones que más violan derechos humanos, es como encargarle a Karime Macías las cuentas estatales.
La autonomía no es excusa para la arbitrariedad, pues el nombramiento no es una satrapía que le cayó del cielo. Con sus propias palabras refuerza la demanda social expresada por Solecito y muchas otras organizaciones de víctimas que inicialmente le dieron su voto de confianza a Hernández Giadáns.
En el concierto institucional, claramente la Fiscalía General del Estado está siendo disonante y la necesidad de justicia en Veracruz no está para seguir esperando resultados luego de una curva de aprendizaje de 6 años, y menos, para esperar a que la fiscal y su equipo hagan un curso de capacitación en Derechos Humanos.
Hay una iniciativa de reforma en puerta, en el Congreso local, que permitiría un cambio que se vislumbra necesario.
