Por Rodrigo Efraín Hernández Hebrard, Director Binacional de Comunicación y Relaciones Públicas de AMEXCAN, Inc. y Emilio Antonio Vázquez Morales, Coordinador Binacional de Comunicaciones de AMEXCAN, Inc.
El 7 de enero de 2026 amaneció con una tragedia que resume en un solo acto o mejor dicho, en un disparo, todas las fallas de un sistema que promete seguridad pero ejecuta violencia. En un barrio residencial del sur de Minneapolis, Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo federal dejando a tres hijos en casa y poesías sin terminar, pues era a este arte a lo que se dedicaba.
En pocos segundos, Minneapolis pasó de ser un vecindario común a un símbolo más del miedo institucionalizado: una mujer muerta a tiros frente a su vehículo, en plena luz del día, sin importar su estatus migratorio, porque sí, era ciudadana estadounidense.
Si el 2025 quedará marcado por la intensificación de operaciones federales contra migrantes y activistas, con numerosos despliegues de ICE y fuerzas federales, el inicio del 2026 lo pone aún más en evidencia; no es un problema de fronteras, es un problema de vida humana.
Las políticas migratorias duras se tradujeron en calles patrulladas, miedo en comunidades residentes e incremento de enfrentamientos y ahora en sangre derramada. Las protestas masivas de 2025 contra prácticas de ICE y las que ya brotan tras la muerte de Good son parte de la misma narrativa, un país fracturado por la militarización de lo cotidiano.
Las autoridades federales, incluyendo altos mandos del Departamento de Seguridad Nacional, han defendido el accionar del agente, cuyos datos han comenzado a salir a la luz, argumentando que Good intentó usar su vehículo como arma y que el disparo fue en “defensa propia”. Sin embargo, videos compartidos por testigos y analistas contradicen esa versión, mostrando a la mujer tratando de alejarse mientras los agentes se colocan directamente frente a su carro y el agente que dispara desde corta distancia.
El propio alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota han rechazado la narrativa oficial, calificándola de propaganda y demandando transparencia. Este choque de versiones no es solo un debate técnico, es una acusación directa a la credibilidad y responsabilidad de los que tienen armas y poder, dejando en evidencia lo manchado que está el gobierno actual.
La muerte de Renée Good replantea una pregunta que debería avergonzar a cualquier democracia: ¿qué garantías existen sobre la formación, el control psicológico y la rendición de cuentas de quienes están autorizados a usar la fuerza letal? Cuando un agente puede decidir, en menos de un segundo, si una vida continúa o no, debería existir un escrutinio público claro sobre su preparación, historial y capacidad de juicio, sin embargo, el hermetismo y las defensas institucionales siguen privilegiando la impunidad.
No es una exageración afirmar que esto representa una crisis de legitimidad para el propio sistema de justicia estadounidense porque cuando la gente común, no sospechosos armados, no delincuentes peligrosos, sino madres, poetas, ciudadanos, teme a quienes deberían protegerla, la democracia pierde su fundamento.
Este no es un incidente aislado, según registros, desde septiembre de 2025 se han reportado múltiples disparos por parte de agentes de ICE en diferentes operativos, con varios muertos y heridos. No estamos ante un error burocrático, sino ante una tendencia de uso excesivo de fuerza en cuestiones que, por su naturaleza, no deberían resolverse con balas.
La indignación en Minneapolis, el bloqueo de ambulancias reportado por testigos, la negativa supuesta a permitir atención médica inmediata, las marchas y la exigencia de respuestas claras, todo ello revela que la herida va más allá del cuerpo de una mujer; está en la confianza de una comunidad que siente que el Estado no protege a sus habitantes.
Nuestro hermano del norte se jacta de ser una encrucijada de libertades, de un lugar donde los derechos humanos deberían ser sagrados, sin embargo, el caso de Renée Good nos enfrenta con una realidad dolorosa, la línea entre protección y opresión se ha desdibujado peligrosamente.
Si no exigimos, ahora mismo, respuestas claras sobre por qué un agente armado disparó y mató a una madre de familia que no era un objetivo de detención, si no revisamos las políticas, la capacitación y el control de estas fuerzas, estaremos condenando a toda una generación a normalizar la violencia estatal como respuesta ante el conflicto social.
Y nadie, ninguna familia, ninguna comunidad, debería vivir así.
