Dinero Tropical
Regresemos algunos años atrás. Era 2014, cuando nació el que sería el último programa federal en el combate a la pobreza con una visión neoliberal: Prospera. Ese año, el presidente Enrique Peña Nieto dio continuidad a lo que en su momento habían sido Solidaridad, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; Progresa, con Ernesto Zedillo; y Oportunidades, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Todos estos programas, surgidos, como se mencionó, en plena época neoliberal, compartían una característica: eran programas sociales condicionados. Las familias beneficiarias debían cumplir con ciertos requisitos en materia de salud, educación y alimentación para seguir recibiendo los apoyos.
En el caso de Prospera, además del componente de desarrollo de capital humano, se incorporó un eje de desarrollo de capacidades en tres ámbitos: inclusión financiera, inclusión productiva e inclusión laboral.
En teoría, estos programas presentaban múltiples virtudes. Entre sus aspectos positivos destacaban la focalización en grupos vulnerables, la corresponsabilidad de los beneficiarios en el fortalecimiento de su capital humano y, en el caso de Prospera, la posibilidad de emprender un negocio o vincularse al mercado laboral a través de la iniciativa privada.
Sin embargo, la realidad terminó superando a sus programas sociales. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la pobreza aumentó, y bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto la reducción fue apenas moderada.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la lógica cambió por completo. Su experiencia como Jefe de Gobierno lo convenció de que los programas sociales debían entregarse sin intermediarios ni trámites burocráticos para evitar la corrupción. El antecedente más claro fue el apoyo a los adultos mayores en la Ciudad de México: bastaba con tener la edad para recibir el beneficio, sin condicionamientos adicionales.
El diagnóstico fue certero. En materia de combate a la pobreza, el modelo de programas sociales de la 4T logró resultados históricos. Según datos del INEGI, durante el sexenio de López Obrador 13.4 millones de mexicanos dejaron de ser pobres y 2 millones superaron la pobreza extrema. Como ha señalado la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se trató de una auténtica hazaña.
Ahora bien, no todo debe desecharse de manera dogmática. La teoría de programas sociales acompañados de acciones para mejorar el bienestar sigue siendo valiosa. Lo que se comprobó fue que la corrupción minaba a los programas desde sus niveles más altos, hasta llegar a los coordinadores locales que los utilizaban con fines político-electorales.
El gran acierto de López Obrador fue diagnosticar el problema estructural de los programas sociales: su degradación en la implementación. No era casual que, a nivel federal y estatal, las secretarías de desarrollo social fueran históricamente codiciadas por quienes buscaban construir una plataforma política.
La simplificación en la entrega de los recursos permitió que el dinero llegara directo a los beneficiarios, reduciendo el clientelismo. Los resultados están a la vista.
Sin embargo, todo es perfectible. A mi juicio, el tema pendiente no era la corresponsabilidad, sino los vicios de corrupción heredados.
Hoy, los programas sociales deben entrar a una segunda fase de perfeccionamiento. Usando la expresión de la presidenta Sheinbaum, es momento de construir el “segundo piso” de los programas sociales. No se trata de regresar a la intermediación ni a la corresponsabilidad obligatoria, pues esto podría reabrir la puerta a prácticas nocivas. Se trata de hacer más eficiente el uso de los apoyos mediante la educación financiera.
Las escuelas de educación básica son un espacio privilegiado para esta tarea. Hasta ahora no existe una estrategia sólida que oriente a los estudiantes y a sus familias —beneficiarias de programas como la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” y la Beca Benito Juárez— sobre cómo planear el uso de los recursos mediante un presupuesto familiar, o cómo establecer metas de corto y largo plazo.
Promover una alianza entre autoridades educativas, el Banco del Bienestar y los gestores de los programas sociales abriría una oportunidad histórica: no solo distribuir recursos, sino enseñar a usarlos con inteligencia.
