Cada vez que Veracruz se inunda, renacen los profetas del desastre: los mismos que ayer callaron ante la corrupción o la negligencia hoy pontifican desde los micrófonos sobre lo que “debió hacerse”. No buscan soluciones, sino titulares. Aprovechan el dolor ajeno para minar al gobierno y sembrar la idea de un Estado incompetente.
Pero la tragedia de las lluvias recientes no es solo un asunto político: es la evidencia de que el modelo de desarrollo que heredamos está roto. Las ciudades crecieron sobre cauces, los ríos fueron mutilados, la deforestación se normalizó. El clima cambió y la infraestructura no.
Por eso el reto no es solo reparar daños, sino reinventar la relación entre ciudadanía, Estado y naturaleza. A eso debe aspirar lo que podríamos llamar una democracia climática: un sistema donde la gente participe activamente en la gestión del agua, la energía y el territorio. La prevención debe ser política pública, y la transparencia, una obligación compartida.
Ejemplos sobran: Lisboa, Róterdam, Medellín. Ciudades que aprendieron a convivir con el agua, diseñando drenajes inteligentes, cinturones verdes y protocolos de alerta comunitaria. Veracruz puede hacerlo también, si logra convertir su dolor en aprendizaje.
La comunidad universitaria tiene un papel esencial. Debe ser faro de información confiable y laboratorio de soluciones. Su responsabilidad no es solo académica: es moral. Los estudiantes han recordado, con su exigencia de verdad, que la transparencia también salva vidas.
El futuro no se construye con profetas del desastre, sino con ciudadanos que entienden que el clima también es un asunto de democracia. Y que la esperanza, como los ríos, solo vuelve a fluir cuando se despejan los escombros.
