Al igual que abogados y diputados locales, el senador de Morena Ricardo Monreal Ávila envió al Congreso local una solicitud formal para derogar del Código Penal el delito de ultrajes a la autoridad. Desde el mes de noviembre, el morenista inició una campaña en redes sociales, en la que hizo un llamado a los tres poderes del estado, ya que se usa el delito de ultrajes a la autoridad para hacer detenciones ilegales.
La semana pasada se presentaron dos iniciativas de barras de abogados y otra más del diputado Ramón Díaz Ávila en la que propone que el delito no se considere grave, para evitar la prisión preventiva oficiosa.
Al Congreso local de Veracruz llegó la petición formal del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para modificar el delito de ultrajes a la autoridad; pidió que este tipo penal sea derogado en el estado, al considerar que viola los Derechos Humanos.
Apenas este domingo, desde Pacho Viejo, en Coatepec dijo que “lucharé con mi fuerza política como senador de la República para que esto ocurra a la brevedad, ojalá y encuentre eco en las diputadas y los diputados locales. También insistiré en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie a la brevedad sobre estos casos”.
El día 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad.
Si bien el delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público, ahora la penalidad va de dos a siete años, lo que obliga a prisión preventiva.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que este tipo de leyes restrictivas violentan sistemas democráticos, pues limitan el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo.
En marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del delito de “ultrajes a la autoridad”, al resolver los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivado de procesos penales abiertos contra algunas personas en contexto de protesta en la Ciudad de México, lo cual también demostró su uso criminalizante contra la libre expresión.
