El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que el Juzgado Primero de Distrito otorgó la suspensión definitiva a 24 concesiones mineras en los municipios de Actopan y Alto Lucero del estado de Veracruz, obligando a las empresas del ramo a abstenerse de realizar cualquier actividad relativa al proyecto.
En el portal de Cemda, se informa que el 28 de diciembre un juez federal otorgó este resolutivo a 20 concesiones, que, sumadas a las 4 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía (SE), que se resolvieron el 22 de septiembre de 2022.
A la fecha suman 28 suspensiones derivadas del juicio de amparo 853/2022 que se promovió el 25 de agosto de 2022 contra la omisión de dicha Secretaría para garantizar su derecho a la vida digna en su dimensión colectiva a un medio ambiente sano, al agua y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
Se señala que en noviembre se dio el primer resolutivo en donde se beneficia a un grupo de 33 demandantes que impugnaron el proceso de expedición del título de concesión minera 216694, correspondiente a Caballo Blanco SA, con lo que el juez Fermín Santiago Santiago confirmó las omisiones del director de Cartografía y Concesiones Mineras, de la directora del Registro Público y Derechos Mineros, así como de la Coordinadora de lo Contencioso, adscritos todos a la SE.
“Es posible advertir que, al margen del interés particular que pudiera existir para el aprovechamiento de la concesión minera, lo cierto es que el derecho a la salud y protección de la vida del que gozan los seres humanos prevalece como derecho preponderante, reconocido en el artículo 4° constitucional y en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, destaca la resolución judicial.
Además, se considera la dimensión colectiva de la protección del derecho a un medio ambiente sano al señalar que ésta resulta indispensable para el ejercicio de los demás derechos fundamentales de los quejosos y del resto de la población.
“La continuación de operaciones de la actividad minera en la zona de Actopan, Veracruz, reclamada podría vulnerar en perjuicio de los peticionarios de amparo, su derecho a la salud y a un medio ambiente sano”, añade.
En la resolución, destaca el Cemda, las comunidades que habitan en esta región de Veracruz basan sus proyectos de vida y su economía en el manejo de múltiples ecosistemas y en los beneficios socioambientales que éstos proporcionan, por lo que la actividad minera supone graves afectaciones para su modo de vida, así como para el patrimonio natural de la región.
“La minería también es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente”, sostuvo.
También refiere que el distrito minero presenta un riesgo no solamente para las comunidades, sino también, para la población adyacente debido a la cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), el paso de líneas eléctricas de alta tensión, los ductos que transportan hidrocarburos y los eventos meteorológicos típicos de las zonas costeras.
“Las comunidades y organizaciones que estamos en este proceso esperamos un proceso largo, por lo cual, pedimos a las autoridades judiciales se apeguen al marco jurídico y en especial al Acuerdo de Escazú para cuidar y garantizarnos el acceso a la justicia ambiental. De igual manera, menciona que los proyectos de vida de las comunidades, familias y personas que habitan estas zonas son prioritarios ante otro tipo de intereses, por lo que es imprescindible procurar que puedan prevalecer y florecer, y que se conserven los ecosistemas que los sostienen.
