De los 30 ayuntamientos que lograron solventar el presunto daño patrimonial en la revisión de la Cuenta Pública 2021, más de la mitad de estos corresponden a alcaldes de extracción panista, por lo que el diputado Rafael Fararoni Magaña rechazó que la nueva auditoría “sea sospechosa” y haya beneficiado a los presidentes municipales de Morena, tal y como lo declaró el dirigente de Acción Nacional en Veracruz, Federico Salomón Molina.
“Que se ponga a leer bien cuales fueron los ayuntamientos que lograron solventar y que se ponga hacer a tarea, de esos 30 ayuntamientos 17 fueron de su partido (PAN), 6 del PRI, 4 de Morena, 2 del Partido Verde y 1 del PES; que no venga a decir que fue amiguismo o disparejo, porque al final los que resultaron beneficiados o atendidos fueron los de su partido”, fustigó el legislador en entrevista en el Congreso del Estado.
Afirmó que estos 30 ayuntamientos los alcaldes lograron solventar el presunto daño patrimonial
“Ya tenían todo para solventar, pero simplemente no llegaron a tiempo, no les tomaron en cuenta o por algún criterio administrativo, entonces que no venga a decir que fue amiguismo. Si él hiciera la tarea y el cruce, va a ver que más de 50 por ciento fueron de su partido”, agregó.
El diputado mencionó que de los 212 municipios en el estado, un total de 205 quedaron con daño patrimonial, además que en siete se fueron “en ceros”, es decir, sin ningún presunto daño financiero, solo con faltas administrativas.
“Se logró aclarar en la revisión casi 300 millones de pesos que por observaciones que muchos ayuntamientos tenían a detalle que ya habían solventado y no se le tomó a cuenta por actas de entrega-recepción, por una nueva revisión, por atención simplemente, se lograron aclarar 261 millones de pesos”, expuso.
Recordó que no hay un plazo fijo para que los ayuntamientos puedan solventar el presunto daño patrimonial, por lo que, por muy buen trabajo que realice el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), cuando se remiten los expedientes al área de investigación se genera un cuello de botella y los expedientes pueden pasar años y no sale denuncia administrativa o penal.
“Entonces ese es el cuello de botella donde tenemos que legislar, se propuso trabajar en conjunto con la auditora y el reto es, en primera, sacar una Cuenta Pública 2022 más confiable de la que se tuvo en la 2021, con trabajo y coordinación. Es lo que nos propusimos, revisar el tema, no podemos poner una fecha límite, porque podrían prescribir los expedientes, no podemos ponerle límites y que las denuncias no sean sólidas”, concluyó.
