Orizaba, Ver.- La inestabilidad económica y de seguridad amenaza al país y 2022 prevé ser un año de más dificultades de seguridad, crisis económica y violencia, manifestó el Ejército Popular Revolucionario en un comunicado.
Esta organización hace un análisis de la primera mitad del gobierno federal y de entrada identifica lo que ellos llaman, contradicciones, “que se acentúan con un apresurado movimiento por la sucesión presidencial”.
“Ha transcurrido la mitad del sexenio y en la junta administrativa las contradicciones son más visibles en torno a la sucesión presidencial. Anticipadamente se perfila la coyuntura electoral de 2024, el interés de los políticos de oficio día a día cobra mayor preponderancia en torno a ella”.
El presupuesto federal del próximo año fue aprobado sin mayor cambio, se impone la propuesta del Ejecutivo, “lo que denota la esencia presidencialista del régimen; la autonomía de los poderes es formal, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial los une el interés burgués, en torno a él gira su existencia”.
Este año transcurrió enmedio de crisis económica, “el manejo político de la pandemia y sus costos, así como la violencia en todo el país; condición que se traduce en mayor pauperización y sometimiento político de las masas trabajadoras, la condición de pobreza en el país es inocultable”.
“No hay justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, política de gobierno enarbolada en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña. En México y en el presente persisten prácticas del terrorismo de Estado, forma concreta de violencia que se ceba en el individuo político organizado. La maquinaria burocrático-militar y la cúpula encargada de reprimir al pueblo sigue intacta, los criminales de Estado gozan de impunidad y avanzan en ocupar más funciones en seguridad pública, expresión concreta de la militarización y la demagogia”.
“La junta administrativa en el poder se vuelve aún más peligrosa para el conjunto del movimiento popular en los tres años restantes. Hay más piezas institucionales alineadas a la voluntad del Ejecutivo federal y este está más alineado al poder de los militares.
“A lo anterior se le suma el paso a la militarización y contrainsurgencia: por medio del Gabinete de Seguridad Nacional y la subordinación absoluta de los gobiernos estatales a la Federación. Se imponen planes focalizados basados en mayor militarización, inteligencia y recursos económicos bajo el mando de la cúpula militar, ejemplo, Michoacán y Colima”, refiere el documento.
Pero además se identifican otros elementos que igual contribuyen a las condiciones de inestabilidad social y económica, “son los paramilitares, el auspicio de la descomposición social y la proliferación de supuestas autodefensas que actúan como aliados del Ejército y la Guardia Nacional. En suma, es evidente que desde el Estado se apuesta a la putrefacción en violencia antropófaga entre hijos del pueblo para que en medio del caos aparente las masas no identifiquen su enemigo de clase, se atomice y degenere la voluntad popular de combatir y se lave el traje a los cuerpos represivos”.
Han pasado tres años y con ellos el azoramiento del gobierno federal sobre las masas se desvanece, “protestas por demandas económicas saltan al escenario del descontento popular, demandas políticas como la presentación de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos no fueron sofocadas ni con el terror psicológico ni la maraña burocrática, parte del magisterio ha hecho presencia en el escenario de la lucha de clases y la inconformidad popular sobre las promesas incumplidas empieza a hacer eco en todo el país”.
