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Ordena Congreso a 60 municipios corregir sus planes de desarrollo

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A cinco meses de estar en operación, los ayuntamientos de Atlahuilco, José Azueta y Amatitlán no tienen definidas las líneas de acción de su plan municipal de desarrollo que aplicarían hasta el 2025. A 60 municipios se les pidió corregir su proyecto pues, aunque cumplieron en tiempo y forma no eran claros en sus metas administrativas.

El 29 de abril, así como el 12 de mayo, se aprobaron dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado en la que se detalló la entrega de los planes de 209 municipios que cumplieron. Incluso se ventilaron los errores que cometieron: desde simples faltas de ortografía, hasta el copiado de planes de administraciones de años anteriores.

Sumado a esas irregularidades y el incumplimiento de la entrega de informes mensuales y trimestrales, la Comisión Permanente de Vigilancia de la 66 Legislatura ordenará al menos 60 auditorías municipales con la idea de detectar y corregir posibles errores administrativos, que más tarde podrían ser considerados daño al erario municipal, así lo manifestó el diputado Paul Martínez Marié, integrante de dicha comisión, quien aseveró que la medida no tiene tintes políticos.

En la sesión del 29 de abril se aprobó un primer paquete de planes de desarrollo, en total 200 de los 212 municipios cumplieron en tiempo y forma, 145 no tuvieron observaciones y el Pleno validó sus planes de trabajo para los siguientes tres años y medio.

Sin embargo, un primer paquete (55 ayuntamientos) recibió observaciones en la redacción de los documentos rectores de su administración.

Ex diputados y beisbolista retirado, en la lista negra

De ese listado llama la atención los casos de los municipios de Coatepec, gobernado por el morenista Raymundo Rivera Andrade, y Santiago Tuxtla, por la perredista Brianda Kristel Ramírez Topete, ambos fueron diputados locales en la 65 Legislatura y estarían obligados a conocer las leyes y cómo se debe integrar un plan de desarrollo.

Al morenista Raymundo Jiménez, el Congreso le observó que en su documento no incluía las áreas responsables de la ejecución y logro de objetivos; no incluyen una asignación de recursos sobre las obras y acciones ni se ponen plazos de ejecución, entre otras observaciones.

En el caso de Santiago Tuxtla, a la perredista Ramírez Topete le comentaron que debería ajustar su diagnóstico y contenido programático a las disposiciones propias de la metodología del marco lógico, para propiciar la medición y, conforme a la Ley de Planeación, estar en condiciones de actualizar sus matrices de indicadores de resultados.

Asimismo, al alcalde de Poza Rica, beisbolista y empresario del transporte público, Fernando Remes Garza, se le observó que debería integrar evidencia fotográfica de los ejercicios de participación realizados o al menos bitácora de lugares y fechas.

Le pidieron actualizar un apartado para exponer los compromisos prioritarios de desarrollo del municipio; además, establecer el monto presupuestal destinado a las obras y acciones que se plantean en el documento.

También ser más preciso en la previsión y asignación de recursos y profundizar en las acciones que se ejecutarán para la igualdad y la no discriminación.

Alcalde de Acula, copión

En las observaciones que se hicieron aparece el municipio de Acula, gobernado por Rocío Cruz Domínguez, donde se menciona que se copiaron metas y estrategias de la pasada administración, a pesar de que el proyecto aclara que es para el periodo 2021-2024.

“Se hace referencia al PVD 2019-2024; sin embargo, se mencionan los factores de desarrollo del PVD de la administración anterior (2016-2018).

“Se hace referencia al PND 2019-2024; sin embargo, se mencionan las estrategias del PND de la administración anterior (2013-2018)” menciona en el listado de observaciones.

Varios ayuntamientos entregaron documentos de último momento

El 29 de abril la presidencia de la Mesa Directiva recibió los planes municipales de desarrollo de Atoyac, Manlio Fabio Altamirano, Medellín de Bravo, Paso del Macho, Soconusco y Tlachichilco y del concejo municipal de Chiconamel.

Fuera de plazo, el 2 de mayo, el Congreso del Estado recibió el Plan Municipal de Desarrollo del ayuntamiento de Naranjal, y el 3 de mayo fue entregado el de Naranjos Amatlán.

En esos casos fue el 12 de mayo, cuando se avalaron los planes de Atoyac, Medellín de Bravo, Paso del Macho y Soconusco.

“Se aprueban, con las observaciones que en cada caso se señalan en el anexo de este acuerdo los planes municipales de desarrollo 2022-2025 de Chiconamel, Manlio Fabio Altamirano, Naranjal, Naranjos-Amatlán y Tlachichilco”.

En esos casos, se observó que algunos planes: no incluyen diagnóstico de la situación que prevalece en el municipio; no mencionan los órganos responsables de la ejecución de los ejes del PMD y sus líneas de acción.

Además, de que sus proyecciones no están alineadas al Plan Veracruzano de Desarrollo; no se planteó las previsiones de ingresos ni asignación de recurso para las obras y acciones; y no se establecen plazos de ejecución para las obras y acciones, como las observaciones más recurrentes.

En otros casos se mencionó que no tienen plan en el DIF, o aunque se incluye a los niños, no se tiene metas claras de acción en su favor.

Los que quedaron mal con los diputados y sus electores

En esa sesión se solicitó a los ayuntamientos de Atlahuilco, José Azueta y al Concejo Municipal de Amatitlán a remitir de inmediato al Congreso del Estado sus respectivos planes municipales de desarrollo.

Atlahuilco, municipio gobernado por Jaime Rosales Vásquez, cuenta con un presupuesto de 53 millones de pesos anuales y una población de 11 mil habitantes. 93 por ciento de su población habla lengua indígena y 10 por ciento no habla español.

De las 2 mil 900 viviendas, según datos actualizados de 2021, solo 15 por ciento tiene refrigerador; 13 por ciento lavadora, 4 por ciento computadoras y 13 por ciento tiene acceso a Internet, a pesar de que 53 por ciento de las casas cuentan al menos con un teléfono celular.

A pesar de la necesidad de la demarcación, el alcalde no presentó su Plan Municipal de Desarrollo para los siguientes tres años y medio.

José Azueta es administrado por Iovanny Auli Moo, alcalde postulado por la coalición Juntos Hacemos Historia que integraron los partidos Morena-Verde-PT. La demarcación cuenta con un presupuesto anual de 87 millones de pesos.

El municipio tiene una población de 22 mil habitantes. 17 mil 547, 69 por ciento, padece algún grado de pobreza; de esos 3 mil 535 viven en situación extrema, no cuenta con lo necesario para subsistir.

Finalmente, Amatitlán, que está en la lista negra del Congreso, es administrado por un concejo ciudadano luego de que se anuló el resultado de las elecciones. El grupo de habitantes coordinado por Karla Berenice Ávila Cobos.

Esta demarcación tiene un presupuesto programado para este 2022 de 33 millones de pesos; cuenta con 7 mil 600 pobladores. 13. 5 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta: 15 por ciento vive en hacinamiento; 2 por ciento de las casas tiene piso de tierra y 84 por ciento de los trabajadores gana más de dos salarios mínimos.

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