A más de un año de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenara la reinstalación y el pago de salarios caídos por más de 2 millones de pesos y demás prestaciones a un empleado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), según consta en el expediente laboral 1247/2014, la dependencia no ha cumplido con el ordenamiento.
Pasando por alto los requerimientos judiciales en los meses de febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2021, la comisionada presidente del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, se ha negado a cubrir los laudos a favor de Jorge Martín Bañuelos Gómez, quien demandara a la dependencia por despido injustificado.
De acuerdo con lo expuesto en el expediente laboral 1247/2014 de ese Tribunal, la dependencia está obligada a reparar el daño mediante la reinstalación del empleado en el puesto de asistente de la Secretaría Ejecutiva.
De igual forma se le deberán cubrir los salarios caídos y demás percepciones acumuladas, por un monto que supera los 2 millones de pesos, sin que hasta la fecha se haya cubierto el adeudo.
Fue el 29 de octubre de 2020 cuando el Tribunal notificó a la comisionada presidenta la celebración de una diligencia de requerimiento que se llevaría a cabo el día 4 de diciembre de 2020 en el Instituto, para que diera debido cumplimiento a un mandato judicial dentro del expediente laboral número 1247/2014/V.
Sin embargo, la funcionaria ordenó mediante un acuerdo interno suspender las labores en el periodo del 1 al 15 de diciembre de 2020 para evitar así el cumplimiento al mandato judicial, según la parte acusadora.
A partir de esa fecha se acumularon los requerimientos judiciales, en los meses de febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2021; de no cumplir en los siguientes días, el próximo será el 22 de febrero de 2022.
Al sentirse vulnerado en sus derechos, el denunciante solicitó en agosto de este año al Tribunal la presentación de la comisionada presidente con auxilio de la fuerza pública.
El laudo reclamado data desde el 21 de febrero del año 2017, periodo en el que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ha tratado mediante amparos de evadir esa responsabilidad.
